La publicación oficial de una carta de precios para servicios turísticos en Barú reavivó la discusión entre residentes de Cartagena y turistas sobre los alcances y limitaciones de la oferta turística en la región.
La alcaldía difundió un listado en el que se incluyen tarifas que van desde limonadas a 50.000 pesos, platos principales como langosta, ceviche y otras opciones de mariscos con precios que pueden alcanzar hasta los 600.000 pesos, y servicios como el alquiler de mobiliario y masajes corporales también sujetos a tarifas consideradas “premium”.
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La decisión de formalizar estos precios no está exenta de polémica. Mientras el sector turístico local busca ofrecer experiencias exclusivas o de alto nivel, el impacto de las tarifas genera preocupación por su efecto en la accesibilidad económica de la isla para los visitantes nacionales y la clase media colombiana. Los cuestionamientos en redes sociales coinciden en que las tarifas podrían limitar la llegada de ciertos segmentos de turistas y refuerzan la percepción de que la zona se perfila cada vez más como un destino dirigido al turismo internacional o de alto poder adquisitivo.
Alcalde defiende la propuesta tarifaria

En contraste con la reacción adversa manifestada por turistas y usuarios digitales, el alcalde Dumek Turbay defendió abiertamente la estructura tarifaria. Según sus declaraciones desde su cuenta en la red X, la administración local optó por la regulación y la publicación transparente de los precios al considerar que “prefiere precios regulados por normas transparentes a no tener reglas claras y que se especule con los precios indiscriminadamente”. El mandatario destacó que la logística insular y los altos costos de insumos justifican parte de estos valores, y añadió que se definieron criterios para garantizar que el desarrollo turístico responda a principios de orden, responsabilidad y sostenibilidad.
Entre los precios oficiales dados a conocer por la administración distrital se encuentran productos como:
- Mojarra a 55.000 pesos
- Sierra a 75.000 pesos
- Pargo a 95.000 pesos
- Pollo a 70.000 pesos
- Cangrejo a 150.000 pesos
- Ceviche y cazuela de mariscos situados entre los 150.000 y 185.000 pesos

Además, los cocteles pueden llegar a 185.000 pesos en ciertos establecimientos, mientras que los servicios de playa —alquiler de sombrillas y sillas— se ofrecen desde 10.000 pesos, con opciones más exclusivas como kioskos hasta 100.000 pesos. Los masajes corporales están listados a 150.000 pesos, lo que resume una experiencia que termina por tener un costo elevado para muchos asistentes.
Denunciar los altos costos
Barú no es el único punto de controversia por los costos en Cartagena. Tanto la Policía de Turismo como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pusieron en marcha aplicaciones y herramientas tecnológicas —como “Visit Cartagena”— que permiten a los visitantes consultar los precios oficiales y denunciar cobros superiores a los establecidos. El objetivo es frenar las prácticas abusivas, especialmente en restaurantes y en los servicios turísticos del centro histórico de la ciudad.

El Gobierno distrital recibió críticas similares a comienzos de 2024, cuando varios turistas denunciaron cobros desproporcionados por servicios que, en otros destinos del país, resultarían mucho más accesibles. Como respuesta a la indignación pública y la presión sobre la administración local, se expidió el Decreto 003 de 2024, normativa que exige a los establecimientos de las zonas turísticas hacer visible la totalidad de sus listas de precios y prohíbe expresamente los cobros engañosos o especulativos.
Finalmente, y de acuerdo con el alcalde de Cartagena, la reciente decisión de avalar y difundir una lista de precios para Barú está orientada para regular los costos en uno de los destinos más visitados del país. Si bien la intención declarada por la administración apunta a proteger tanto a los turistas como a los prestadores de servicios y a los habitantes locales, la iniciativa desató un debate sobre el tipo de turismo que debe promoverse en Cartagena y sobre la necesidad real de democratizar el acceso a los principales atractivos del Caribe colombiano.
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