El abogado Jaime Granados expresó duras críticas a la sentencia condenatoria que dictó prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe.
En entrevista con El Tiempo, recalcó que el fallo presenta múltiples sesgos y calificó la decisión de injusta y arbitraria.
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El abogado penalista sostuvo que la sanción impuesta excede los planteamientos de la Fiscalía y que la orden de detención inmediata resulta particularmente dolorosa para Uribe.
Jaime Granados consideró que la jueza Sandra Liliana Heredia actuó de forma arbitraria. Explicó que durante el proceso, el expresidente mantuvo una actitud respetuosa, excepto cuando la jueza incluyó referencias a sus hijos tras dictar el fallo, situación que provocó su reacción emocional en la audiencia.
Según Granados, esas afirmaciones evidencian que la imparcialidad de togada se perdió en la etapa final del proceso. “Estos comentarios hablan más de la jueza”, expresó en diálogo con El Tiempo.
El abogado detalló que durante el proceso la jueza enfatizó reiteradamente su aparente indiferencia ante medios y redes, y aseguró concentrarse solo en las pruebas. Sin embargo, a juicio de Jaime Granados, el comportamiento y los comentarios observados contradicen ese perfil.
“Lo que ocurrió demuestra lo contrario”, afirmó. De acuerdo con su evaluación, la jueza se mostró influenciada por factores ajenos al expediente y dejó de lado la exigencia de neutralidad propia de su función.
Sobre la filtración del fallo antes de la audiencia, Granados sostuvo que la defensa no participó en ese hecho. Señaló que recibió múltiples llamadas de periodistas interesados y aseguró que jamás compartió partes del fallo. Insistió en que siempre mantuvo la confidencialidad que requieren procesos de este tipo.
La divulgación completa de la sentencia también generó controversia. Granados indicó que la jueza pasó por alto directrices de las altas cortes, como la Corte Suprema y la Corte Constitucional, las cuales exigen la lectura íntegra de decisiones judiciales en audiencias públicas.
Remarcó que existe jurisprudencia clara y reciente que debía ser acatada, pero la jueza optó por no seguir esos lineamientos. “Se pasó por la faja a la honorable Corte Constitucional”, dijo para evidenciar su desacuerdo.
Referente a la motivación de la detención domiciliaria, Granados calificó la justificación judicial de arbitraria y desproporcionada, ya que considera que se presentaron afirmaciones sin bases sólidas.
Añadió que el proceso estuvo atravesado por factores políticos y que los sesgos son visibles en todo el texto de la sentencia. Indicó para El Tiempo que esto representa una afrenta contra la justicia y que dichos sesgos afectan el valor de la resolución.
Respecto al futuro del caso, Jaime Granados confía en que se evidenciarán los abusos y que las instancias superiores, como el Tribunal de Bogotá o la Corte Constitucional, revertirán lo que califica como un desafuero judicial.
Confirmó que la defensa presentará apelación y evitó anticipar resoluciones como tutela o casación hasta conocer el resultado de la apelación. Lamentó la rapidez con la que se ha tramitado este caso en comparación con estándares internacionales, y opinó que este hecho merece un análisis profundo desde el ámbito académico y jurídico.
Sobre las interceptaciones realizadas por la Corte Suprema, Granados anunció que la apelación abordará irregularidades detectadas en ese aspecto y en el análisis exhaustivo de la evidencia recabada. Reafirmó que su equipo se centrará en demostrar la presencia de sesgos en la apreciación de las pruebas.
Otros actores internacionales han expresado solidaridad con Uribe. Granados mencionó pronunciamientos de figuras políticas de la región y de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que estas expresiones de apoyo no representan una presión sobre el Poder Judicial en Colombia, sino que reflejan preocupación por la dirección que ha tomado la justicia en el país.
“No interpretamos estas manifestaciones como presión o injerencia indebida en la autonomía e independencia del Poder Judicial”, precisó.
Por instrucciones de la sentencia, Granados informó que se consignaron los recursos exigidos para cumplir con la medida de detención domiciliaria, aunque la defensa mantiene su desacuerdo con la decisión judicial.
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