El 30 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá desestimó, por segunda vez, la solicitud de la defensa de Sandra Ortiz para anular el proceso penal en su contra por estar vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lo que despeja el camino para que la Fiscalía General de la Nación avance con la acusación formal contra la ex consejera para las Regiones.
La defensa de la ex consejera para las regiones había intentado frenar el proceso judicial mediante un recurso de nulidad, argumentando presuntas irregularidades en el trámite. Sin embargo, el tribunal consideró infundados estos planteamientos y ratificó la validez de la actuación procesal, lo que permite a la Fiscalía continuar con el caso.
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La decisión judicial implica que en los próximos días podrá presentarse el escrito de acusación contra la Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Tras la decisión del tribunal, la Fiscalía General de la Nación cuenta con la autorización judicial necesaria para radicar el escrito de acusación y llevar a Ortiz a juicio. De acuerdo con la información divulgada por W Radio, la radicación del escrito de acusación podría producirse en los próximos días, lo que marcaría el inicio formal del juicio contra Sandra Ortiz.
La fiscal general continuará al frente del caso contra Sandra Ortiz
Cabe recordar que el 17 de julio de 2025, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia resolvió un aspecto clave del expediente: desestimó la recusación presentada por Ortiz contra la fiscal General de la Nación, lo que permite que la titular del ente acusador, Luz Adriana Camargo, mantenga plena competencia para tomar decisiones en el caso y con lo que se dejó en claro que la colaboración ofrecida por la exfuncionaria no resultó suficiente para modificar el rumbo de la causa.
La recusación, impulsada por la defensa de Ortiz, pretendía impedir que la fiscal Camargo accediera y dirigiera los procedimientos y acercamientos en el proceso legal. La exfuncionaria alegó que existía una carencia de garantías procesales, lo que, a su juicio, justificaba la separación de la funcionaria del caso. Sin embargo, el alto tribunal consideró infundados los argumentos y rechazó la petición, reafirmando la legitimidad de la alta funcionaria para continuar con la investigación.
Según informó Semana, la decisión despeja cualquier obstáculo procesal que pudiera haber surgido a raíz de la solicitud de la defensa, que buscaba apartar a la fiscal General bajo el argumento de una supuesta falta de garantías en el procedimiento.
“Los aportes de Ortiz no reunían los requisitos necesarios para sustentar los hechos bajo indagación”, aseguró la fiscal delegada a cargo de la investigación sobre el escándalo de la Ungrd.
Durante mayo de 2025, Ortiz intentó modificar su situación procesal mediante una carta dirigida a la Fiscalía General de la Nación, en la que ofreció colaboración y anexó nueva evidencia relacionada con el desvío de cuantiosos recursos públicos en la Ungrd. No obstante, la respuesta institucional fue tajante: la fiscal delegada sostuvo que los elementos aportados no cumplían con los estándares requeridos para respaldar los hechos bajo investigación.
A pesar de este intento de cooperación, Ortiz denunció que la fiscal General bloqueó cualquier acercamiento y suspendió la posibilidad de alcanzar un acuerdo, lo que derivó en el avance de la acusación formal en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La situación de la exconsejera se agravó desde diciembre de 2024, cuando quedó privada de la libertad en una guarnición militar, mientras enfrenta un proceso que ha implicado a numerosos funcionarios públicos y mantiene en vilo a la opinión pública colombiana.
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