Masacre en Buenaventura: autoridades confirman asesinato de al menos siete disidentes de las Farc en medio de disputa interna

Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo de siete cuerpos en el sector rural de Bajo Calima, jurisdicción de Buenaventura, Valle del Cauca. Las víctimas serían presuntos integrantes de la disidencia de las Farc conocida como Jaime Martínez, y habrían sido asesinadas en medio de una disputa interna por el control de recursos ilícitos.

De acuerdo con información preliminar revelada por el coronel Ricardo Alberto Visbal, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, la masacre se habría producido tras una confrontación entre facciones rivales al interior de la columna Wilson González, estructura subordinada al frente Jaime Martínez. Según las primeras hipótesis, el conflicto habría sido motivado por un robo de dineros provenientes de actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

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“Lo que vemos aquí es la barbarie de estos grupos armados, que han perdido toda ideología y se masacran entre ellos por dinero. Según nuestra inteligencia militar, se trataría de una lucha de poder entre dos facciones internas, donde se habrían robado dineros ilícitos y eso desencadenó esta masacre”, afirmó el coronel Visbal en una declaración oficial.

Hasta el momento han sido recuperados siete cuerpos, aunque las autoridades indican que el número total de víctimas podría ascender a nueve. Tropas de la Armada Nacional, junto con personal de la Personería de Buenaventura, se desplazaron a la zona para realizar labores de verificación, levantamiento de cadáveres y recolección de pruebas, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

La masacre se produjo en una zona de difícil acceso y alta presencia de grupos armados ilegales. El Bajo Calima es un corredor estratégico utilizado por organizaciones criminales como el ELN, el Clan del Golfo y distintas facciones disidentes de las Farc. Esta situación ha generado una grave crisis humanitaria: aproximadamente 300 familias permanecen confinadas en sus viviendas por temor a nuevos enfrentamientos, y las escuelas del sector han suspendido actividades académicas debido a las alteraciones del orden público.

“El área donde se presentó esta lucha entre los grupos disidentes es una zona selvática de profundidad, donde estas estructuras criminales mantienen campamentos. Nuestras fuerzas están intentando ubicar y desarticular estos puntos de concentración armada”, explicó el coronel Visbal, que agregó que las víctimas serían, en su mayoría, originarias del departamento del Cauca.

Además de las acciones de verificación, las Fuerzas Militares han intensificado las operaciones ofensivas en la región, con el objetivo de restablecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan la zona.

La Fiscalía y Medicina Legal trabajan en la identificación plena de los cuerpos y en establecer las circunstancias exactas de los hechos. Hasta ahora, todo indica que se trató de una ejecución interna, sin intervención de fuerzas externas, lo que refleja la creciente fragmentación de las disidencias armadas y la competencia violenta por los recursos criminales.

Una tragedia que evoca la masacre del Naya en 2024

Esta nueva masacre en Buenaventura trae a la memoria un hecho similar ocurrido en septiembre de 2024, en la selvática región del Naya, entre los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. En ese entonces, 12 personas —en su mayoría jóvenes afrodescendientes de entre 18 y 25 años— fueron brutalmente asesinadas con disparos en la cabeza en una vivienda rústica de madera, ubicada en el caserío Sagrada Familia, una comunidad a la que solo se puede acceder por mar o río.

Ante la ausencia de autoridades judiciales en el terreno, fueron los propios familiares y miembros de la comunidad los que recogieron los cuerpos y organizaron los velorios en distintos puntos como López de Micay, el Naya y Puerto Merizalde.

La organización no gubernamental Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció entonces el abandono estatal y exigió una respuesta urgente del Gobierno Nacional. “De no asumir los compromisos con prontitud, para las 74 comunidades negras del río Naya no queda otra opción que el desplazamiento masivo”, advertía un comunicado emitido en ese momento.