El lunes 28 de julio de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las presuntas víctimas y Colombia conocerán el fallo en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia en el juicio contra el exmandatario por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
Por tal motivo, el periodista Daniel Coronell publicó una columna titulada “Veredicto”, donde detalla todos los procesos que involucran al líder natural del Centro Democrático y sus exfuncionarios.
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A lo largo de su carrera, Daniel Coronell ha revelado información que compromete al expresidente Álvaro Uribe y sus allegados, como, por ejemplo, el abogado Diego Cadena, que presuntamente sobornó a testigos.
Así las cosas, el partido Centro Democrático, colectividad que fundó el expresidente en 2014, respondió a la columna de opinión del periodista, que fue publicada este 27 de julio.
A través de su cuenta de X, el Centro Democrático recordó las opiniones que han tenido varios abogados recientemente.
El partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro aseguró que el texto de Coronell “trajo fue una suma de insultos”.
“Señor Daniel Coronell, sobre el caso Uribe han escrito abogados muy importantes. Se esperaba, ante el anuncio de su veredicto, que vendría un gran ensayo jurídico y lo que trajo fue una suma de insultos y refritos propios de una pobre lora envejecida y embrutecida que no aprende nada nuevo”, expresó el Centro Democrático.
El periodista y escritor respondió a la publicación de la colectividad con lo siguiente: “Para los nervios”. Asimismo, compartió la columna de opinión que escribió.
Qué dice la columna de opinión
Daniel Coronell, reconocido periodista colombiano y columnista de Los Danieles, analizó en su columna titulada “Veredicto” diversos episodios judiciales que han rodeado la carrera política de Álvaro Uribe.
El texto parte de los hechos conocidos como la yidispolítica, cuando se realizó la compra de votos en el Congreso mediante ofrecimientos de puestos, notarías y contratos, con el objetivo de aprobar la reelección inmediata presidencial.
La columna destacó que, aunque el único posible beneficiario de la reforma fue Uribe, los castigos judiciales recayeron sobre los intermediarios y funcionarios participantes. Entre quienes terminaron en prisión figuran la entonces congresista Yidis Medina, el parlamentario Teodolindo Avendaño y el político Iván Díaz Mateus, así como altos funcionarios del gobierno como Sabas Pretelt, Diego Palacio y Alberto Velásquez.
Coronell señaló que una situación similar ocurrió con las interceptaciones ilegales del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en las que figuras públicas, entre ellas magistrados, políticos de oposición y el propio periodista, fueron víctimas de seguimientos.
Dichas actividades llevaron a la condena de funcionarios como el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Recientemente, Andrés Peñate, exdirector del organismo, fue imputado por los mismos hechos.
Coronell citó un documento de la Corte Suprema de Justicia que establece que los informes de inteligencia obtenidos eran entregados sin autorización judicial directamente a la Presidencia de la República.
El periodista también relató el caso de “La Casa de Nari”, donde resultaron condenados el secretario de prensa César Mauricio Velásquez y el secretario jurídico Edmundo del Castillo, mientras otros presuntos involucrados permanecen sin consecuencias judiciales.
Mencionó además el episodio de la carta falsa de “Tasmania”, la cual buscaba desacreditar a Iván Velásquez, entonces principal investigador de la parapolítica. Según lo expuesto, varios actores habrían participado en la fabricación de esta carta, pero únicamente el abogado Sergio González fue condenado.
En la parte final de la columna, Coronell describió una presunta presión mediática y política ejercida en torno a la decisión que debe tomar la juez Sandra Liliana Heredia sobre procesos que involucran al exmandatario.
Indicó que quienes respaldan a Uribe han minimizado su posible responsabilidad, atribuyendo a terceros las acciones judicialmente cuestionadas, mientras sostienen que la persistente impunidad sería consecuencia de su posición de poder.
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