Álvaro Uribe reveló supuesto interés del petrismo en su proceso por manipulación de testigos: aseguró que, si lo condenan, el senador Iván Cepeda sería candidato presidencial

El expresidente Álvaro Uribe afirmó que sectores cercanos al presidente Gustavo Petro considerarían impulsar al senador Iván Cepeda como candidato presidencial si la justicia lo condena.

Según Uribe, esta estrategia refleja la relevancia que su figura mantiene en la oposición y el impacto que tendría una eventual condena sobre el panorama político, particularmente en la definición de aspirantes dentro del Pacto Histórico.

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“Dice el Petrismo: Si las cosas nos salen como esperamos y condenan a Uribe, Cepeda es nuestro candidato”, escribió Uribe en un mensaje publicado en redes sociales.

Iván Cepeda desempeña un papel fundamental en el proceso por supuesta manipulación de testigos que involucra al exmandatario desde hace varios años.

La declaración de Uribe destaca su incidencia en el debate público y la posible influencia de su situación judicial en las próximas elecciones, al señalar que una eventual condena modificaría el curso de la contienda política y la proyección de candidaturas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha denunciado públicamente lo que considera una persecución política en su contra, señalando que el proceso judicial que enfrenta ha estado marcado por irregularidades, presiones políticas y violaciones a sus derechos fundamentales.

“Persecución política en etapas del caso contra mí, el expresidente Álvaro Uribe. (Impulsada por la alianza Petro-Santos y los acuerdos de La Habana)”, escribió Uribe en su cuenta oficial de X, en un mensaje que resume la gravedad de las acusaciones que sostiene y que, según él, han condicionado el desarrollo de su caso ante la justicia colombiana.

En su extenso pronunciamiento, Álvaro Uribe detalla que uno de los episodios más graves de su proceso judicial fue la interceptación ilegal de sus comunicaciones.

Según el exmandatario, la Corte Suprema de Justicia ordenó la interceptación del teléfono de un congresista distinto, pero en su lugar se interceptó el suyo.

“En la Corte Suprema, hubo más de 20.000 interceptaciones ilegales en mi teléfono. Ordenaron la interceptación del teléfono de un congresista diferente, pero en su lugar se pasó mi número. El analista que manejaba las grabaciones informó que había un error: que estaba escuchando mi voz participando en actividad política. Le dijeron que continuara. El error se convirtió en intención. Para supuestamente corregir el error, mi teléfono fue desconectado después de 32 días. Estas interceptaciones aún fueron validadas para procesarme, a pesar de que ninguna de ellas muestra que cometí un delito. Mis comunicaciones con mi abogado también fueron violadas”, afirmó Uribe a través de su cuenta de X, antes Twitter.

El expresidente sostiene que estas interceptaciones no solo vulneraron su derecho a la defensa, sino que también se utilizaron como base para abrir procesos en su contra, a pesar de que, según él, no existe ninguna evidencia de delito en las grabaciones.

Además, denuncia que sus comunicaciones con su abogado fueron igualmente intervenidas, lo que, en su opinión, constituye una violación grave a las garantías procesales.

Otro de los puntos centrales de la denuncia de Uribe es la supuesta presión ejercida por el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el poder judicial. “El presidente Petro ha presionado al poder judicial. Él ha negado haber comentado sobre este juicio como presidente. Sin embargo, ha hecho más de doce declaraciones públicas sobre el asunto. El presidente Petro ha presionado al poder judicial”, reiteró el exmandatario, subrayando la influencia que, a su juicio, ha tenido el jefe de Estado en el desarrollo del proceso.

Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre la independencia de la justicia y el papel de los líderes políticos en los procesos judiciales de alto perfil.

En relación con las denuncias que dieron origen al caso, Uribe recuerda que sus abogados presentaron quejas en 2012 y 2014 contra el senador Iván Cepeda, a quien califica como “senador comunista” y cercano a las Farc. Según el exmandatario, estas quejas fueron resueltas por el magistrado José Luis Barceló de la Corte Suprema en vísperas de las elecciones de 2018, en un fallo que favoreció a Cepeda y que, además, derivó en acusaciones contra Uribe por manipulación de testigos y obstrucción a la justicia.

“Las quejas presentadas por mis abogados en 2012 y agregadas en 2014 contra el senador comunista Iván Cepeda, quien es cercano a las Farc, fueron resueltas por el magistrado de la Corte Suprema Barceló en vísperas de las elecciones de 2018, a favor de Cepeda y acusándome de manipulación de testigos y obstrucción de la justicia”, relató el expresidente .

El exmandatario también denuncia la apertura de un nuevo caso en su contra a principios de 2018, basado, según él, exclusivamente en una queja de Cepeda y en escritos del recluso Monsalve, considerado el testigo principal.

Uribe sostiene que la respuesta de Cepeda a Monsalve fue ocultada y que el proceso se manejó con un nivel de secretismo y celeridad sin precedentes.

“Este caso fue secreto y acelerado sin precedentes, conocido por Cepeda y su círculo y filtrado a ciertos periodistas parciales. Sin embargo, su existencia fue negada a mis abogados. El magistrado Barceló de la Corte Suprema les dijo a ciertos periodistas que estaban cerca de encarcelarme. Lo lograron, después de las elecciones. Me notificaron del caso el 24 de julio de 2018, cuatro días después de comenzar un nuevo mandato como senador. Se me negó la oportunidad de dar una declaración voluntaria. Fui citado para interrogatorio. En esa decisión, no se me permitió recusar al testigo”, explicó Uribe en su declaración.

El papel de los medios de comunicación y de algunos magistrados en la difusión de información sobre el caso también es objeto de crítica por parte del expresidente.

Uribe acusa al magistrado Barceló de utilizar los medios para promover fallos en su contra. “En acciones que dañan la tradición de seriedad en la Corte de Colombia, el magistrado Barceló llamó a un programa de radio el mismo día que fui citado para interrogatorio y dio su juicio político: ‘Lo tenemos’, les dijo a los participantes. El magistrado Barceló, junto con el magistrado Hernández, salió en televisión para debatir mi caso. Un acto lesivo contra la justicia”, denunció el exmandatario.

La privación de libertad de Uribe también está rodeada de cuestionamientos sobre la imparcialidad de los magistrados involucrados. El expresidente señala que el magistrado César Reyes, quien ordenó su detención, tenía conflictos de interés que no fueron revelados.

“El Magistrado Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte, cuya selección involucró al Magistrado Barceló, tomó mi declaración y diez meses después ordenó mi detención. El Magistrado Reyes debería haberse recusado. Sus conflictos de intereses son clarísimos. Trabajó con la esposa del Senador Cepeda y también fue contratista del gobierno de Santos para asuntos relacionados con el proceso de paz de La Habana con las Farc, del cual yo era uno de los principales opositores. El Magistrado Reyes no reveló esto a la sala”, afirmó Uribe en su mensaje.

El exmandatario también recuerda que el magistrado Reyes promovió la recusación de la magistrada Cristina Lombana, exoficial del Ejército durante la presidencia de Uribe, a quien inicialmente se le había asignado el caso.

Según el expresidente, mientras a Lombana se le apartó por una supuesta falta de imparcialidad, no se aplicó el mismo criterio a Reyes, a pesar de sus vínculos con actores clave del proceso. “No tuve ninguna relación personal ni profesional con el magistrado Lombana, a diferencia del magistrado Reyes, quien trabajó junto a la esposa de Cepeda y fue contratista de Santos en el proceso de La Habana”, subrayó Uribe.

La intervención del magistrado Alberto Rojas Ríos Linares del Tribunal Constitucional también es señalada por Uribe como un factor de interferencia política.

El expresidente sostiene que, tras su renuncia al Senado, el caso pasó a la Fiscalía, pero no se reinició, sino que continuó bajo los mismos parámetros.

“El Tribunal Constitucional dictaminó que la sesión de interrogatorio del Tribunal Supremo equivalía a una acusación formal por parte de la Fiscalía. Un fallo discutible y estrecho de 5 a 4, pero respetable, con un grave defecto: el magistrado Linares, designado por Juan Manuel Santos y ponente del caso, filtró el borrador de la decisión a su amigo, el periodista Daniel Coronell, y permitió que este periodista transmitiera el debate sobre el fallo. El Tribunal tuvo que suspender la audiencia para detener la transmisión. El magistrado Linares admitió a los medios que había recibido una llamada de Santos durante el proceso”, relató Uribe.

En cuanto a la actuación de la Fiscalía, Uribe destaca que dos fiscales, los doctores Jaimes y Cárdenas, solicitaron el sobreseimiento del caso a su favor, pero estas solicitudes fueron denegadas y se ordenó la recolección de pruebas adicionales.

Posteriormente, el caso fue asignado al fiscal Gilberto Villarreal, quien, según Uribe, tenía vínculos con el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia y presunta víctima en el proceso.

“El Fiscal General anterior asignó el caso al Fiscal Gilberto Villarreal, quien no se recusó, a pesar de haber sido nombrado y promovido por Eduardo Montealegre durante su mandato como Fiscal General, siendo Montealegre el actual Ministro de Justicia y supuestamente una de mis víctimas. Cabe señalar que cuatro Procuradores Generales, a quienes desconozco, han emitido opiniones favorables recomendando mi destitución o absolución. El Fiscal Villarreal me imputó y posteriormente fue trasladado, pero la acusación se mantuvo y nunca se rectificó”, explicó Uribe en su publicación.

El expresidente también hace referencia a la situación de su hermano, quien fue encarcelado durante la gestión de Montealegre como fiscal general y posteriormente absuelto en primera instancia.

Además, menciona que una de las presuntas víctimas del caso se encuentra en el exilio, recibió ayuda del senador Cepeda y ha sido identificada por la inteligencia militar y residentes de su ciudad natal como miembro de las Farc.

Esta persona, según Uribe, está siendo investigada por lavado de activos en relación con la compra de una finca para la familia del testigo principal, quien entonces era su esposo.

A lo largo de su declaración, Álvaro Uribe insiste en que ha mostrado respeto al juez y ha contradicho al fiscal “con el debido respeto”, pero sostiene que el proceso en su contra ha estado marcado por una serie de irregularidades, presiones políticas y decisiones judiciales que, en su opinión, responden a intereses ajenos a la justicia.

“He mostrado pleno respeto al Honorable Juez y, con el debido respeto, he contradicho al Fiscal”, reiteró el exmandatario, resumiendo así su postura frente a un proceso que, según él, ha estado condicionado por factores políticos y personales, más que por la búsqueda de la verdad judicial.