La Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de los nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca, que permanecieron en poder de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco desde el 17 de julio de 2025.
Las víctimas fueron entregadas a una comisión humanitaria que contó con la participación de representantes de Naciones Unidas y personal defensorial regional de la Defensoría del Pueblo, en medio de acciones coordinadas para garantizar su regreso.
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En un comunicado posterior a la entrega, la defensora del Pueblo Iris Marín agradeció la labor desarrollada por los organismos internacionales y la propia Defensoría en el proceso de liberación.
Incluso, recalcó la importancia de evaluar integralmente el estado de salud de los liberados, tras varios días de privación de la libertad.
No obstante, envió un mensaje claro a los grupos armados, y les pidió “respeto” por los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario.
“En cualquier caso, hacemos un llamado nuevamente a los grupos armados ilegales, especialmente a las disidencias de la línea de Iván Mordisco y a todos los grupos armados ilegales. Su obligación de respetar a la población civil y el derecho internacional humanitario y suspender de inmediato y liberar a todas las personas que tienen secuestradas”, dijo contundentemente.
Ministerio del Interior destaca la liberación de nueve funcionarios secuestrados en Cauca; comisión humanitaria lidera su retorno
El Ministerio del Interior expresó su satisfacción ante el regreso de los nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca, quienes recobraron la libertad luego de haber sido secuestrados el 17 de julio durante una reunión con juntas de acción comunal en el municipio de López de Micay.
Según autoridades nacionales, los servidores públicos lograron salir del cautiverio mantenido por el Bloque Occidental de las disidencias de las Farc, liderado por alias “Iván Mordisco”.
Tras más de una semana retenidos, las primeras valoraciones de las autoridades señalan que los empleados se encuentran en buen estado de salud.
Desde el Ministerio del Interior se enfatizó que “ninguna causa, ideología o interés puede justificar el uso de la violencia ni el secuestro, prácticas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y una afrenta directa contra la paz, la democracia y la convivencia en los territorios”.
La cartera reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con comunidades, autoridades locales y organismos estatales para proteger los derechos fundamentales y avanzar en la construcción de paz territorial.
El Gobierno nacional señaló que intensificaría la articulación institucional para prevenir nuevas vulneraciones y hacer frente a los desafíos en materia de seguridad y derechos humanos en el país.
Así fue la polémica negociación para la liberación
Disidencias de las Farc condicionaron la liberación de nueve secuestrados en el Cauca
Las disidencias de las Farc dieron paso a la liberación de nueve contratistas de la Gobernación del Cauca. No obstante, el grupo ilegal exigió que la administración departamental no financiara las operaciones de las Fuerzas Militares y entregara información al Gobierno nacional sobre presuntas alianzas entre la fuerza pública y grupos paramilitares o estructuras vinculadas al ELN.
En un comunicado divulgado el 22 de julio de 2025, las disidencias se responsabilizaron el secuestro al gobernador Octavio Guzmán y a la secretaria de Gobierno, Maribel Perafán, en relación con un contrato de 4.120 millones de pesos para dotar de tecnología al Ejército Nacional.
La organización armada afirmó: “La Gobernación del Cauca, en comunicación interna, informa que ya no continuará con el proyecto de aprovisionamiento en tecnología militar”.
Al consultar la posición de la Gobernación, las autoridades señalaron que no emitirían pronunciamiento oficial para no poner en riesgo las negociaciones y la seguridad de los secuestrados. Mencionaron que hasta ese momento no se había asumido ningún pacto.
Las disidencias de las Farc también plantearon otras peticiones directas al gobernador: “Le exigimos a él que suspenda inmediatamente todas las extracciones mineras en el macizo colombiano y retire la maquinaria de los predios de su propiedad y la de familiares”.
Según el grupo armado, la liberación de los secuestrados se dio después de negociaciones con organismos humanitarios y la Gobernación: “Esperamos que la fuerza pública cumpla con el compromiso de replegarse por 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”.
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