La Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud formal al Juzgado 17 de Control de Garantías de Bogotá para firmar el principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
Este acuerdo, que le otorgaría inmunidad total durante un año, busca convertirla en testigo clave contra el exministro de esa cartera Ricardo Bonilla, y otros presuntos implicados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La información confirmada por La FM establece que la solicitud fue presentada en una audiencia que celebrada de manera reservada por decisión del juez, argumentando que la posible exposición pública de la misma podría poner en riesgo tanto la investigación, como la seguridad de la exfuncionaria.
El togado decidió suspender la diligencia y reprogramarla para el lunes 28 de julio, fecha en la que se definirá si se avala o no el principio de oportunidad solicitado por el ente acusador.
De acuerdo con la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, si el juez aprueba el acuerdo, la Fiscalía procederá a imputar cargos al exministro Bonilla ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Los delitos que se le atribuirían son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Patiño aclaró que, por el momento, no se ha considerado solicitar una medida de aseguramiento contra Bonilla, a pesar de las pruebas que lo vinculan con el caso.
El papel de Benavides en el direccionamiento de unos contratos
Las investigaciones, lideradas por Patiño, han determinado que Benavides actuó como enlace entre el Ministerio de Hacienda y la Ungrd en el supuesto direccionamiento de tres contratos por un total de 92.000 millones de pesos. El objetivo de estos contratos habría sido beneficiar a varios congresistas, a cambio de su apoyo para ampliar el cupo de endeudamiento del Gobierno nacional.
“Coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”, ha sostenido la Fiscalía.
Durante su declaración bajo juramento, Benavides mencionó un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. El propósito de este pacto habría sido destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación, mediante la compra de votos de senadores y representantes a la Cámara.
“Él (Ricardo Bonilla) me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar.”, expuso Benavides durante la audiencia.
Los contratos investigados estaban destinados, en teoría, a obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión causada por lluvias. El primero de estos contratos, según los expedientes, correspondía a Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo, a El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos; y el tercero, a Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
El nombre de Benavides fue mencionado por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, uno de los principales implicados en el caso, quien aseguró que la exasesora habría desempeñado un papel central en las maniobras irregulares.
Tras ser señalada, Benavides decidió colaborar con la justicia. Sin embargo, denunció haber recibido amenazas contra su vida y solicitó medidas de protección.
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