En una nueva declaración que promete escalar la tensión entre el Gobierno Nacional y el sector privado de la salud, el presidente Gustavo Petro aseguró durante una alocución presidencial el 15 de julio que, “el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse”, aludiendo directamente al conglomerado español que controla, entre otras entidades, la EPS Sanitas.
El mandatario fue más allá al denunciar que la empresa estaría vinculada a financiación irregular de campañas políticas con dinero extranjero, lo cual, según él, está expresamente prohibido por la legislación colombiana. “Aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”, subrayó Petro en su declaración, sin especificar en qué campaña o periodo habría ocurrido dicha financiación.
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En un tono firme, añadió que gestionará la salida de Keralty del país: “Así me toque hablar con el rey de España o con el que sea”, afirmó el presidente, dejando en claro que está dispuesto a escalar el asunto a niveles diplomáticos si es necesario.
Estas declaraciones se registraron en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), especialmente Sanitas, Sura y Compensar, que manifestaron problemas financieros y advirtieron sobre posibles retiros del sistema. Petro ha criticado públicamente a estas entidades por lo que considera una mala administración de los recursos de la salud y un modelo de negocio que prioriza el lucro por encima del bienestar de los pacientes.
La salida de Sanitas del sistema, si llegara a concretarse, implicaría la necesidad de reubicar a más de 5 millones de afiliados, una operación de enorme complejidad logística y alto impacto en la estabilidad del sistema de salud colombiano. Se espera un pronunciamiento oficial de Keralty o sus representantes legales en Colombia, así como posibles reacciones del Ministerio de Salud o la Superintendencia de Salud.
No es la primera acusación
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra Keralty no son un hecho aislado. El 6 de julio, a través de su cuenta de X, ya había lanzado acusaciones directas contra el conglomerado español, señalándolo de presunta financiación ilegal de actividades políticas en Colombia.
En ese momento, Petro afirmó que, “Keralty cometió el crimen de financiar la política con dineros públicos, y está en la impunidad. Es intocable para jueces y fiscalías, porque no solo compra la política”.
Según el presidente, la influencia de la empresa no solo estaría relacionada con el manejo financiero de la salud, también con el supuesto bloqueo político a la reforma sanitaria impulsada por su Gobierno, lo cual, según él, afecta directamente a millones de ciudadanos. Añadió en su publicación que, “Keralty, solo para seguir extrayendo el dinero colombiano para España, ha bloqueado el desarrollo de la reforma en la salud en perjuicio de toda Colombia, y eso no debe quedar en la impunidad”.
Incluso, fue más allá al pedir una investigación a nivel internacional, al afirmar que, “hay que adelantar la investigación incluso en la justicia de España y la europea”.
Estas declaraciones marcan una escalada en el discurso presidencial contra actores privados del sistema de salud, en especial contra Keralty, a quien Petro responsabiliza no solo de resistirse a la reforma, sino de tener un poder político y económico que lo vuelve “intocable”.
Aunque hasta la fecha no se ha conocido ninguna apertura oficial de investigaciones judiciales en Colombia, ni en España o en la Unión Europea sobre estas acusaciones, el tono del presidente deja claro que su Gobierno considera a Keralty un obstáculo político y estructural para el avance de su proyecto de salud pública.
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