El programa estatal Mi Casa Ya, que funcionó como principal instrumento de subsidio para facilitar el acceso a vivienda a colombianos de bajos ingresos, no concederá más apoyos bajo el mandato del presidente Gustavo Petro.
La ministra de Vivienda, Helga Rivas, explicó en entrevista con El Tiempo que la administración no prevé entregar los cincuenta mil subsidios anuales que se habían prometido para el próximo año (2026) y confirmó que ya se asignaron los recursos presupuestados para el periodo 2022-2026.
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“Nosotros no tenemos presupuestado para el próximo año cincuenta mil subsidios”, enfatizó la ministra Rivas, a la vez que descartó la continuidad de nuevas asignaciones en lo que resta del actual gobierno.
Rivas afirmó que la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo ya se alcanzó, una decisión que reconoce como motivo de cuestionamientos por parte de expertos y gremios del sector.
No obstante, y a pesar de la pausa en entregas, el Ejecutivo no clausura de manera definitiva el programa, pues este podría ser retomado por futuras administraciones.
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“Ese programa seguirá existiendo, pero en el gobierno del presidente Gustavo Petro 2022-2026 ya se asignaron los recursos que se tenían contemplados para estos subsidios”, aseguró Rivas al diario nacioanl.
Según los registros oficiales revelados por la funcionaria, se han otorgado 226.735 subsidios entre agosto de 2022 y junio de 2025, superando en un 2% la meta inicial de 222.121.
La ministra sostuvo que de este total, la Nación financió 114.700 apoyos y las Cajas de Compensación Familiar entregaron 112.035 subsidios con sus propios fondos.
Las cifras, sin embargo, originaron polémica: sectores como Camacol consideran que los subsidios de las cajas no deben figurar en el balance estatal, ya que no se financian con recursos públicos.
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Indican que el Ministerio de Vivienda cambió su forma de registrar los datos entre 2023 y 2024, incluyendo luego los aportes de las cajas en el reporte oficial, hecho que permitió mostrar un cumplimiento del 97,4% de la meta gubernamental, informó el medio.
El Ministerio reiteró, en un comunicado del 16 de enero de 2024, que “la meta de asignación es de 50.000 subsidios anuales, que ya tienen asegurada la cobertura a la tasa de interés. En total, serán 200.000 subsidios en todo el Gobierno”. No obstante, la situación fiscal modificó el horizonte presupuestal.
Las alternativas para las personas que no lograrán el subsidio
“Habrá otras alternativas para la adquisición de vivienda nueva como el Fondo Nacional del Ahorro, los bancos y las entidades territoriales que también están entregando subsidios”, manifestó Rivas.
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Desde el gabinete de vivienda, la ministra aclaró la amplitud de la política de vivienda nacional: “A mí me dijeron que había acabado la política de vivienda. Perdón, pero la política de vivienda no era el programa Mi Casa Ya, sino revisar los temas de ruralidad, agua y ordenamiento territorial, expedir todos los decretos que hemos venido sacando y mirar toda la gama de alternativas habitacionales”.
La jefe de cartera también indicó que, desde su llegada al ministerio en julio de 2024, evitó referirse al programa de forma directa.
“No quise volver a hablar de Mi Casa Ya porque la ley no habla de Mi Casa Ya sino de soluciones habitacionales”, expresó en la entrevista al medio.
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Respecto a los 45.000 hogares que se postularon en busca de un subsidio y no recibieron respuesta positiva, El Tiempo consignó que el Ministerio de Vivienda trabaja con el sector bancario para que mantengan la posibilidad de adquirir vivienda.
Según la ministra Rivas, “se está generando una gama de alternativas desde la política pública, diferentes al subsidio, porque el subsidio no es la única alternativa para que una familia pueda acceder a una vivienda”.
El Fondo Nacional del Ahorro financia hasta el 90% de la cuota inicial, y desde la cartera gubernamental recalcan que los indicadores actuales favorecen el acceso a crédito.
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La ministra señaló que casi todos los recursos disponibles se destinarán al mejoramiento de vivienda y otras alternativas habitacionales, para reorientar acción estatal ante las restricciones fiscales.
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