La noticia de que los empleados de Innpulsa, una de las entidades clave adscritas al Ministerio de Comercio, no recibirían hoy el pago de su salario cayó como un balde de agua fría en la organización.
Fuentes internas consultadas por Semana y La W, relataron la incertidumbre generada por el anuncio de retraso en la nómina y las agudas dificultades de caja que enfrenta la entidad por la crisis fiscal del Gobierno nacional.
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La situación se evidenció el martes 15 de julio, cuando los funcionarios fueron notificados de la imposibilidad de recibir su salario.
El argumento es la falta de desembolso de recursos que impide cumplir el compromiso básico de la nómina, una circunstancia que golpea a los 89 empleados y pone en jaque la estabilidad de una de las principales apuestas económicas del presidente Gustavo Petro: el fortalecimiento de la economía popular.
El panorama llegó en medio de versiones encontradas sobre la gestión de los recursos para Innpulsa y Colombia Productiva.
Aunque el Ministerio de Hacienda expidió la Resolución 1627 de julio de 2025, habilitando una partida de 40.000 millones de pesos para el funcionamiento de estos patrimonios, los fondos no han llegado de manera efectiva a las arcas de Innpulsa.
La cartera de Hacienda explicó que solo 1.200 millones de pesos bastarían para cumplir la obligación de nómina, pero el trámite se podría demorar hasta una semana.
La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, aseguró que desde su llegada al cargo ha liderado la gestión de los recursos indispensables, apoyada en mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda.
El objetivo: superar la situación de iliquidez y garantizar no solo la operación rutinaria, sino la continuidad de los programas de desarrollo empresarial en ejecución a favor de mipymes y unidades productivas de la economía popular.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reportó que ya están asegurados los recursos necesarios para sostener la operación de iNNpulsa y Colombia Productiva hasta 2025.
Sin embargo, la transferencia de estos fondos depende ahora de la ejecución de procesos internos que, en el contexto actual, generan incertidumbre entre los trabajadores y empresarios beneficiados por las dos entidades.
Documentos internos del Ministerio de Comercio advierten desde mediados de año sobre la delicada situación financiera. En el caso de iNNpulsa, la entidad contaba con tan solo 500 millones de pesos en caja para el 20 de junio, frente a un déficit de 95.000 millones de pesos. Ese dinero debía cubrir 45 contratos en ejecución, cuyos pagos mensuales dependen del flujo financiero inmediato.
La coyuntura no solo compromete la nómina; también afecta los compromisos adquiridos por iNNpulsa con terceros. Al cierre de abril de 2025, la entidad había ejecutado 38.000 millones de pesos en alianzas, frente a obligaciones totales de 122.000 millones de pesos. El incumplimiento puede arrastrar a la entidad a escenarios de demandas por parte de los aliados, agravando el panorama.
Mientras tanto, Colombia Productiva reportó un déficit cercano a los 25.000 millones de pesos, pese a contar con 42.000 millones disponibles. Los expertos advierten que esta entidad podría operar apenas hasta septiembre de este año antes de enfrentar problemas estructurales para cumplir sus compromisos contractuales, con 80 contratos activos y obligaciones con aliados que suman 30.000 millones adicionales.
El contexto financiero de ambas entidades coincide con el proceso de fusión instruido por el Gobierno, que busca simplificar la estructura y fortalecer la “economía popular” prometida en el Plan Nacional de Desarrollo.
El 28 de junio, el Ministerio y la fiduciaria Fiducoldex firmaron el acuerdo fiduciario para crear el nuevo patrimonio autónomo, que seguirá operando bajo el nombre de iNNpulsa Colombia.
Esta fusión estaba prevista para finalizar antes del 30 de junio. Sin embargo, la crítica situación financiera forzó a considerar la postergación de este plazo y buscar una reestructuración fiscal urgente. De lo contrario, el déficit acumulado podría arrastrar a las dos entidades al colapso de forma simultánea.
Las dificultades actuales dieron pie a disputas internas y señalamientos hacia anteriores administraciones. El exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, fue aludido por presuntamente no gestionar de manera eficaz las alertas tempranas sobre las necesidades de recursos.
Reyes denunció una persecución política, señalando que siempre actuó conforme a la ley y que alertó en los consejos de ministros sobre la descapitalización de las entidades.
Versiones de altos funcionarios del Ministerio de Comercio revelaron una gestión aislada de quienes conocían el problema y critican la falta de claridad y acción durante la dirección anterior.
Aseguran que Reyes no atendió con la debida diligencia los procesos ni autorizó decisiones efectivas. Por su parte, Reyes argumentó que el Ministerio de Hacienda insistió en mantener una regla fiscal restrictiva, lo que limitó la asignación oportuna de recursos para ejecutar los programas estatales, situación que, según él, afecta a varias entidades públicas y no solo a iNNpulsa o Colombia Productiva.
Internamente, quedarán pendientes dos puntos clave: la ausencia de registros documentales que prueben la insistencia por mayores transferencias y la necesidad de diseñar una solución estructural a las dificultades operativas y financieras que exhiben tanto iNNpulsa como Colombia Productiva.
La crisis de iNNpulsa y Colombia Productiva pone en entredicho la estrategia de economía popular del Gobierno Petro. Ambos patrimonios acompañan a cientos de emprendedores y pequeñas empresas en todas las regiones de Colombia mediante instrumentos de innovación, mejora de calidad y valor agregado en la producción.
De no resolverse a la brevedad los desembolsos y garantizarse el flujo de caja, los programas de desarrollo empresarial corren el riesgo de quedar paralizados, afectando la promesa de crecimiento inclusivo y desarrollo regional proyectada por el Ejecutivo.
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