El personero de Bogotá, Andrés Castro, denunció que recibe amenazas desde las cárceles de la capital, con un tiempo limitado para resolver quejas sobre derechos humanos en dichos centros carcelarios.
Los destinatarios del mensaje dan un plazo de cuatro semanas al funcionario, a la personera auxiliar Gloria Bohórquez y a dos miembros más de la Personería, para que se presenten en las prisiones La Picota y La Modelo, en Bogotá.
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El objetivo es tratar las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos en estas cárceles, según información revelada por La FM.
De acuerdo con la comunicación enviada, si los funcionarios no atienden la exigencia antes de la fecha límite, los amenazantes advierten que activarán un “plan pistola” dirigido específicamente a ellos y, además, advierten que conocen el paradero de sus familiares.
Además, se conoció que la Personería informó de inmediato los hechos ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó apoyo urgente en materia de protección.
Según el medio raial, la Policía Nacional se encuentra adelantando investigaciones para rastrear el origen de las intimidaciones. Paralelamente, los organismos de control han pedido a la Unidad Nacional de Protección que fortalezca las medidas de seguridad para los funcionarios afectados.
Llama la atención la naturaleza de la amenaza, considerando que la Personería de Bogotá ha desempeñado uno de los roles más visibles en la defensa de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, organizando mesas de trabajo y canales de diálogo con distintas entidades para mejorar las condiciones en los penales.
En otro tema de la comunicación, también reportó inquietudes en diversos sectores por una directriz reciente emanada de la Fiscalía General, que tendría como consecuencia la suspensión de extradiciones para personas involucradas en el proceso de paz.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha explicado públicamente que esta suspensión deriva de la Ley 2272, promulgada hace tres años, y aclaró que su papel se limitaría a facilitar que los fiscales comprendan cómo aplicar adecuadamente dicha legislación, y no a emitir una resolución propia sobre el tema.
Amenaza contra director del Inpec
El grupo criminal conocido como Muerte a Guardianes Opresores (Mago) habría puesto en circulación un panfleto en el que asigna una recompensa de 1.000 millones de pesos por atentar contra la vida de altos directivos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), según informó el propio organismo.
Las amenazas se dirigen específicamente hacia el coronel Daniel Gutiérrez, actual director de la institución, y el teniente coronel Rolando Ramírez, quien ocupa el cargo de subdirector.
De acuerdo con el comunicado oficial del Inpec, la autoría del mensaje amenaza se atribuye a la organización Mago, que estaría bajo el liderazgo de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá.
El mensaje, distribuido en forma de panfleto, establece explícitamente la cifra monetaria ofrecida a quien ejecute atentados contra los dos funcionarios. La organización criminal argumenta como motivo de su accionar presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de las autoridades, así como supuestos “montajes y falsos positivos” dirigidos contra miembros del grupo.
En el panfleto se lee: “Debido a los incumplimientos que ustedes han realizado constantemente, en especial con los acuerdos de paz, anexado a ello los montajes y falsos positivos en contra de los nuestros, recordando que ‘no son imposibles para nosotros’, tomamos la determinación de ponerle precio a sus cabezas, la cual cada una tiene un valor de mil millones de pesos”.
En mayo, según consignó el organismo, Mago habría difundido otra amenaza donde advertía que empezaría a perpetrar atentados en contra de funcionarios de Inpec a nivel nacional.
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