En medio del segundo día del paro nacional indefinido convocado por el gremio de los arroceros, el Ministerio de Agricultura entregó una buena noticia para los productores que reclaman mayores controles al arroz importado que, según denuncias, estaría llegando de contrabando.
De hecho, los agricultores denuncian que la entrada irregular de arroz desde Ecuador ha adquirido dimensiones preocupantes para el sector productor colombiano, pues estaría ejerciendo fuertes presiones sobre los precios y el desequilibrio en la oferta nacional.
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Aunque las importaciones legales de arroz descendieron un 76% en 2025, persiste el contrabando proveniente del país vecino, lo que representa una amenaza latente para la estabilidad del cultivo nacional.
Ante este panorama, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que las autoridades avanzan en investigaciones junto al Ministerio de Comercio para establecer si se presenta la entrada ilegal del cereal, especialmente mediante “contrabando técnico” o reempaquetado, una modalidad que dificulta la trazabilidad.
“Estamos pidiendo que se evalúen varias cosas. Primero, si hay un contrabando técnico, lo que llaman el ‘reempaquetado’. Si alguien está introduciendo de manera no legal arroz al país y eso está estancando los inventarios”, aseveró Carvajalino en diálogo con Blu Radio.
La funcionaria explicó que esta práctica afecta la dinámica del mercado interno y pone en entredicho la capacidad de respuesta de los productores colombianos.
En respuesta a estas denuncias, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha un reforzamiento de los controles en el Puente Internacional de Rumichaca y en los principales corredores viales conectados a la frontera con Ecuador.
Estas operaciones incluyen intervenciones en centrales de abastos y plazas de mercado que conectan el suroccidente con el centro del país, en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
El director general (e) de la Dian, Luis Eduardo Llinás, afirmó que además del control en pasos fronterizos, se desarrollan acciones de fiscalización en mercados para verificar la procedencia y legalidad del arroz y la papa.
Este esfuerzo interinstitucional tiene como objetivo distinguir el producto nacional de aquel que ingresa sin cumplir los requisitos aduaneros.
Las acciones de la Dian se complementan con entrevistas a comercializadores y el levantamiento de un registro de proveedores, tanto nacionales como extranjeros, para identificar a productores e importadores, conocer las cantidades transadas y los precios manejados en Colombia y Ecuador.
Así, las autoridades buscan cerrar los espacios al contrabando que afecta tanto a agricultores como al consumidor final.
De forma paralela al combate contra el ingreso ilegal, el sector arrocero colombiano afronta otras problemáticas estructurales que motivaron el reinicio, el martes 15 de julio, del paro arrocero en departamentos como Huila, Tolima, Sucre, Córdoba, Meta y Casanare.
Los productores exigen el cumplimiento de acuerdos previamente alcanzados con el Gobierno nacional y la garantía de precios justos para el arroz nacional, una regulación efectiva de la producción y la comercialización, y protección para un cultivo considerado estratégico por su periodicidad semestral.
Los líderes gremiales de Huila y Tolima anunciaron la decisión de abstenerse de participar en nuevas mesas de diálogo salvo que estén presentes representantes directos del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Ministerio de Ambiente, Superintendencia de Industria y Comercio y la industria molinera.
El gremio insiste, además, en la revisión urgente de los Tratados de Libre Comercio (TLC), ya que consideran que su impacto ha sido negativo para los productores nacionales.
Como antecedente a estas demandas, la ministra Martha Carvajalino reconoció que el principal reto del sector radica en la baja competitividad observada en ciertas regiones colombianas.
Los rendimientos promedio pueden alcanzar las 5,6 toneladas por hectárea en algunos lugares, pero existen zonas con productividad considerablemente menor, lo que reduce la capacidad de competir frente a países como Ecuador, donde la estructura de costos permite una producción más económica.
De acuerdo con la información recogida en la más reciente Encuesta Nacional del Arroz, persiste la tendencia a ampliar la frontera agrícola en sitios con bajos rendimientos y poca sostenibilidad ambiental, particularmente en Casanare.
La ministra Carvajalino recordó que existe un plan de ordenamiento sectorial desde 2021 que debe aplicarse de manera más diligente.
“Es necesario regular las áreas de siembra para lograr una cadena más competitiva y avanzar en el uso de semilla certificada”, reiteró la funcionaria al medio radial, al tiempo que convocó a alcaldes, gobernadores y agricultores a apoyar la iniciativa.
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