El gremio que representa a las constructoras en Colombia expresó su inconformidad con los recientes cambios en el programa de subsidios de vivienda Mi Casa Ya, advirtiendo que la decisión del Gobierno nacional de priorizar la adquisición de vivienda usada antes que la nueva va en sentido opuesto a la urgente reactivación del sector.
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, sostuvo que la modificación de las reglas atenta contra la recuperación de una industria que acumula casi dos años de caída continua.
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Las declaraciones del dirigente gremial llegaron tras la expedición del Decreto 775 de 2025, con el que el Ejecutivo dispuso que los subsidios de Mi Casa Ya se enfocarán en la compra de vivienda usada por parte de poblaciones vulnerables, en detrimento de la vivienda nueva de interés social (VIS).
Según Herrera, la medida resulta contradictoria y resta posibilidades de recuperación a miles de familias y trabajadores de la cadena de la construcción.
El presidente de Camacol manifestó que, tras varios meses de parálisis en la asignación de subsidios para vivienda nueva, el Gobierno optó por destinar los escasos recursos del programa a la vivienda usada, mientras que la producción de vivienda nueva atraviesa uno de sus peores momentos en las últimas décadas.
“Están modificando un programa que hoy está suspendido, que además se suspendió bajo el argumento de que no había subsidios, y ahora, en vez de generar subsidios para vivienda nueva, para reactivar la economía, lo que dice es que se pueden destinar, bajo el programa de Mi Casa Ya, que es un programa de mercado, subsidios para que ciertos grupos de población muy vulnerable puedan comprar vivienda usada”, afirmó el dirigente gremial en declaraciones publicadas por Blu Radio.
Según datos del gremio, la construcción de vivienda acumula siete trimestres consecutivos con cifras negativas. Este descenso afecta factores clave como el empleo, la inversión y el dinamismo de la economía regional, especialmente en ciudades donde la actividad inmobiliaria ha sido tradicionalmente un motor de desarrollo.
Herrera enfatizó que “no es un sector que esté pasando el mejor momento y los pocos recursos que hay deberían orientarse hacia la reactivación del sector y desafortunadamente promover una política general para la adquisición de vivienda usada con subsidios no genera más empleo”.
Camacol también expresó preocupación sobre la claridad y la viabilidad del nuevo modelo de subsidios para vivienda usada. Aunque el Gobierno publicó el decreto que establece los nuevos lineamientos, existen dudas acerca de la implementación operativa, incluyendo la identificación de los municipios donde podrá aplicarse la compra de vivienda usada con subsidio.
Mientras se definen los detalles, el sector advierte que la medida podría agravar la parálisis de proyectos de vivienda nueva en marcha y empujar a más empresas a la crisis financiera.
Un aspecto crítico es la reducción en el número de subsidios disponibles. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, para 2025 están habilitados 10.919 cupos para subsidios familiares de vivienda.
Sin embargo, al cierre de mayo únicamente permanecían libres 5.766, situación que Camacol asocia con la suspensión de nuevas asignaciones desde diciembre del año pasado y la falta de claridad sobre la continuidad de recursos para los hogares que esperan acceder a una vivienda nueva.
Detalles del Decreto 775: foco en población vulnerable y vivienda usada
El Decreto 775 de 2025, expedido por el Ministerio de Vivienda, determina que Mi Casa Ya otorgará subsidios para la compra de vivienda usada exclusivamente a poblaciones como víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, madres comunitarias y recicladores de oficio.
Estos grupos podrán acceder al beneficio en las zonas donde no exista oferta suficiente de vivienda nueva de interés social.
La norma contempla criterios de elegibilidad específicos. Los hogares deben tener su clasificación en el Sisbén IV entre los grupos A1 y D20, no contar con vivienda propia en Colombia, no haber accedido anteriormente a un subsidio de compra de vivienda, ni a coberturas de tasa de interés, y disponer de un crédito aprobado.
El monto máximo del subsidio alcanza hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (alrededor de 42,7 millones de pesos) para los hogares en los niveles A1 a C8 del Sisbén, y hasta 20 salarios mínimos (unos 28,5 millones de pesos) para los clasificados de C9 a D20.
El valor de la vivienda usada seleccionada no podrá superar el tope vigente para la vivienda de interés social, actualmente cercano a los 213 millones de pesos.
Estas condiciones buscan facilitar el acceso a una vivienda digna para quienes enfrentan mayores barreras económicas y sociales, enfocándose en segmentos históricamente excluidos del mercado formal de vivienda.
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