UNP pide investigar a juez del caso Miguel Uribe por responsabilizar al Estado en el atentado al senador del Centro Democrático

Luego de un mes del ataque que sufrió el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, registrado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia (occidente de Bogotá), las autoridades siguen tras el rastro de los responsables de este lamentable hecho.

Frente a ello, la fuerza pública ha logrado la captura de cinco personas vinculadas al ataque al congresista de oposición, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, considerado como el autor intelectual del hecho.

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Incluso, durante la audiencia de imputación de cargos contra este hombre, el juez de control de garantías, José Alejandro Hofmann, declaró que existió una posible responsabilidad por omisión por parte del Estado, señalando específicamente a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“El momento en el cual las autoridades públicas, que debían observar, en sus diversas instancias, ecuanimidad e imparcialidad frente al contexto político y representar la unidad de la nación, muchas veces incluso contribuyen a generar polarización, estigmatización y hostigamiento”, afirmó el juez.

Las declaraciones del togado ha desencadenado una controversia institucional, tanto que la entidad liderada por Augusto Rodríguez Ballesteros envió una carta a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la acción del juez del caso.

En la misiva dirigida al procurador general Gregorio Eljach, sugieren que se adelante una indagación al juez Hofmann por presunta extralimitación de funciones.

“Con el fin de buscar el respeto a la defensa técnica de esta Dirección y que no se adopten decisiones con valoraciones judiciales efectuadas por funcionarios sin competencia y con usurpación de funciones”, señala el documento revelado por el medio El Colombiano.

Además, advierte sobre el riesgo de que las declaraciones del juez puedan derivar en consecuencias legales y disciplinarias para miembros de la UNP, a pesar de que aún no existe un fallo judicial que los declare responsables, directa o indirectamente, del atentado contra Miguel Uribe.

Réditos políticos con el atentado a Miguel Uribe

Además, en diálogo con Rtvc, el director de la UNP manifestó que la entidad ha mantenido absoluto silencio, mientras se avanza las investigaciones a los hoy procesados, pero cuestionó a quienes han utilizado este ataque para sacar réditos políticos contra el Gobierno de Gustavo Petro.

“Nosotros hemos guardado silencio respetuoso por la situación de salud que hay en el doctor Uribe, pero ha habido agentes oportunistas de la oposición al Gobierno, algunos parlamentarios y otras personas que se aprovechan de esto para generar unas situaciones que confunden a la población y que crean un ambiente como si el Gobierno hubiera sido el gestor por una supuesta polarización del Presidente de la República como responsables de este evento que es desafortunado para el país”, indicó Rodríguez Ballesteros al citado medio de comunicación.

De igual forma, el funcionario señaló: “(El juez del caso) le puso (en palabras mías), por decirlo de alguna manera, un membrete a la primera página de un proceso penal en el que señala que la Unidad Nacional de Protección tiene responsabilidades penales”.

Adicional a ello, el director indicó que, el día del atentado (7 de junio), Miguel Uribe, junto con su esquema de seguridad, habría fraccionado su equipo, siendo unos para su protección en el evento en Modelia y otros para la seguridad de su familia.

“El doctor Miguel Uribe se reúne con su jefe de esquema y determina Mándeme unas personas a cuidar a mi familia. Eso no está permitido, Eso no han debido hacerlo (...) Hubo exceso de confianza por parte del candidato, y de las personas que convocaron al evento, que fue un edil y un concejal. Lo llevaron allá, no hicieron el trámite con las autoridades locales y distritales para hacerlo de una manera adecuada para que hubiera una protección del área”, manifestó.

La UNP es la entidad responsable de gestionar, tramitar y ejecutar la protección de los candidatos y precandidatos a la Presidencia. La polémica carta ha generado reacciones diversas, incluyendo expresiones de indignación, mientras se espera el pronunciamiento de la Procuraduría sobre el caso.