La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes avanza en una de las indagaciones más importantes contra el presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela, luego de que interpusiera una denuncia basada en las polémicas cartas del excanciller Álvaro Leyva.
En estas misivas, Leyva habría insinuado que el jefe de Estado tiene presuntos problemas de adicción a sustancias psicoactivas, situación que, de comprobarse, podría comprometer su capacidad para ejercer sus funciones constitucionales.
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El 10 de junio de 2025, la Comisión —conformada por los representantes Carlos Cuenca Chaux (Cambio Radical), Olga Lucía Velásquez Nieto (Alianza Verde) y Wadith Manzur Imbett (Partido Conservador)— dictó el Auto dentro del expediente No. 6934, en el que se ordena la apertura formal de la indagación previa. Esta decisión se basó en la denuncia presentada por Ruiz el 28 de abril, y ampliada el 4 y 5 de junio con nuevas cartas y argumentos.
“¡La justicia empieza a moverse! La Comisión de Acusaciones avanza en la investigación contra Gustavo Petro y podría ordenar exámenes toxicológicos si Álvaro Leyva ratifica sus denuncias”, publicó Wilson Ruiz en su cuenta de X.
En un video que acompañó su publicación, el exministro detalló: “El proceso que impulsamos avanza, y avanza con mucha fuerza. Ya uno de los investigadores designados en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, tal como lo solicitamos en mi denuncia, está actuando en la investigación como tiene que ser hacia el presidente Gustavo Petro".
Seguido, afirmó: “Uno de los puntos clave es la declaración del señor Álvaro Leyva, excanciller de este Gobierno, que todos lo sabemos denunció públicamente que el presidente de la República tendría problemas de adicción a los alucinógenos”.
El exministro concluyó: "Leyva ya fue notificado por la comisión de acusación y si ratifica lo dicho podrían ordenarse exámenes toxicológicos al jefe de Estado. Es momento de que la justicia actúe con implacable rigor, con justicia como tiene que ser por Colombia. Permaneceré firme hasta el final”.
Las pruebas en curso
La Comisión ha decretado la recepción del testimonio del excanciller Álvaro Leyva como prueba clave en esta fase preliminar. Su declaración busca aclarar si tiene conocimiento directo de los hechos mencionados en las cartas dirigidas al presidente y conocer las motivaciones detrás de su divulgación.
Además, dos de esas cartas ya fueron incorporadas formalmente al expediente, y se solicitó a la Secretaría Jurídica de la Presidencia la certificación oficial del cargo que ostenta Gustavo Petro. La Policía Judicial de la Comisión también fue comisionada para asistir en la localización y comparecencia de Leyva a la diligencia testimonial; según lo dispuesto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) garantizará el registro audiovisual y la custodia del acta respectiva.
En caso de que Leyva ratifique las denuncias formuladas en sus cartas, el representante Carlos Cuenca, que funge como uno de los investigadores principales, tendría la facultad de solicitar exámenes toxicológicos al presidente de la República.
Recusación contra el secretario de la Comisión
El proceso también se ha visto sacudido por una recusación contra el secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez. El recurso fue presentado por el propio Wilson Ruiz, argumentando una presunta falta de imparcialidad del funcionario.
En una carta fechada el 1 de julio de 2025, el exministro de Justicia afirmó que Corzo tendría una “relación personal cercana con el investigado que pueda afectar la objetividad del funcionario”, en alusión al presidente Petro. Esta cercanía, según el denunciante, se habría reflejado en decisiones administrativas como la designación de congresistas afines al Gobierno para liderar investigaciones sensibles.
Ruiz se refirió específicamente a la asignación de Olga Lucía Velásquez Nieto como una de las investigadoras, señalándola como “muy cercana al gobierno y otros representantes de la misma corriente y afines al jefe de Estado, respecto de los cuales es claro que existe un estrecho vínculo con el investigado”.
Aunque reconoce que el presidente de la Comisión ordenó posteriormente ajustes en la conformación del equipo investigador, el exministro solicitó formalmente que Corzo sea apartado de toda intervención en las investigaciones relacionadas con la queja del 28 de abril y con una segunda denuncia penal presentada el 16 de junio, esta última por presunta falsedad ideológica en documento público.
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