
Por presuntos vicios de legalidad en la convocatoria a sesiones extraordinarias, la vicepresidenta segunda de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, anunció que interpondrá una demanda de nulidad contra el decreto presidencial que permitió reabrir el debate de la reforma pensional.
La congresista de Cambio Radical argumenta que el Gobierno se basó en un documento judicial que no estaba en firme al momento de su expedición.
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En ese sentido, Garrido calificó como una actuación “ilegal” la convocatoria del Gobierno con el objetivo de corregir los vicios señalados por la Corte Constitucional en el trámite de la reforma.

“Presidencia de la República acaba de REMATAR las sesiones extraordinarias de la reforma pensional”, escribió la representante en su cuenta de X, en una publicación que acompañó con documentos oficiales. “Es decir, se atrevieron a citar un auto que NO EXISTE… ¡hágame el favor! ¿Cómo les quedó el ojo?…. Mañosos, Les voy a TUMBAR las sesiones extraordinarias para que aprendan a ser serios”.
Respuesta oficial de la Presidencia
El 10 de julio, Garrido publicó una comunicación oficial de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en la cual se confirma que hasta esa fecha no se había recibido el Auto 841 de 2025 por parte de la Corte Constitucional. Además, el documento señala que, al no haberse recibido el correo electrónico correspondiente, tampoco es posible conocer si existían anexos o si se incluía la integridad del auto mencionado.
Este pronunciamiento coincide con lo expuesto por la misma Corte en un comunicado incluido por Garrido en su denuncia pública. Según el alto tribunal, el Auto 841 del 17 de junio de 2025 “se encuentra en trámite de documentación y recolección de firmas”, por lo que aún no ha sido formalmente expedido.

Cabe recordar que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma pensional el 28 de junio, tras un nuevo debate convocado con el fin de subsanar las fallas señaladas previamente por la Corte Constitucional. No obstante, para la vicepresidenta segunda de la corporación, Lina María Garrido, la supuesta corrección se habría realizado de manera irregular, ya que se sustentó únicamente en un comunicado emitido por la jefatura de prensa del alto tribunal.
“Los comunicados NO son vinculantes, según lo expresado por la misma Corte en 2013 con el auto 201 y en 2023 con el auto 597 (...) y no vayan a empezar con que soy enemiga del bono pensional de los adultos mayores, ni nada de esas pendejadas. Porque si algo ha quedado claro, es que la VICIADA #ReformaPensional NO asegura en absoluto el dinero para cumplir esa falsa promesa de Gustavo Petro”, concluyó.

Acciones legales en camino
Con base en esta cadena de hechos, la representante Lina María Garrido anunció que interpondrá una demanda de nulidad simple contra el Decreto 0747. Para la congresista, quedó demostrado que el Gobierno utilizó un soporte inexistente al momento de la convocatoria, lo que, a su juicio, representa una violación a los principios de legalidad y transparencia en el procedimiento legislativo.
“Este era el documento que estaba esperando para proceder a interponer, hoy, la demanda de nulidad simple contra el decreto de sesiones extraordinarias, que como ha quedado en evidencia, no tiene soporte legal para motivar la convocatoria”, manifestó en su publicación.

La demanda podría implicar la invalidación de las sesiones extraordinarias en las que se aprobó la reforma pensional corregida, poniendo en riesgo nuevamente el avance de una de las principales apuestas legislativas del Gobierno Petro. Mientras tanto, sectores de oposición insisten en que el trámite debe ser reiniciado con estricto cumplimiento del debido proceso.
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