La acusación contra el coronel (r) David Herley Guzmán Gutiérrez proviene de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que actúa como fiscalía en este proceso con un expediente que reúne diez hechos ocurridos entre agosto de 2004 y noviembre de 2005.
En esos diez casos se presentaron dieciocho víctimas directas, todas ellas relacionadas con ejecuciones extrajudiciales en el cementerio de Las Mercedes, en el municipio de Dabeiba, Antioquia.
La Fiscalía de la JEP sostiene que el coronel retirado ostentaba la máxima responsabilidad en estos crímenes, mientras que la defensa insiste en su inocencia.
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El proceso judicial, liderado por la magistrada Reinere Jaramillo, se ha estructurado en varias sesiones clave.
La primera audiencia se desarrolla los días 9, 10 y 11 de septiembre en Medellín, mientras que la segunda jornada está programada para el 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre en Bogotá.
Serán escuchados en total 94 testigos, una cifra que refleja la magnitud y complejidad del caso, según detalló la magistrada a Caracol Radio.
“Para la historia hice parte de un Ejército victorioso. Por la memoria de los héroes de la patria asesinados en este conflicto no acepto cargos. Que se haga la voluntad de Dios, no la mía. gracias”, declaró el coronel retirado David Herley Guzmán Gutiérrez al inicio de la audiencia que marca el comienzo formal de su juicio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Con estas palabras, el oficial, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dejó clara su postura de no aceptar responsabilidad en los hechos que se le imputan, según sus declaraciones dadas en una audiencia de la JEP, llevada a cabo el 10 de julio del 2025.
El proceso, que se desarrolla en Medellín y Bogotá, representa el segundo juicio por falsos positivos que adelanta la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, y pone en el centro del debate judicial la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia.
Durante la audiencia preparatoria, los magistrados de la JEP admitieron un amplio conjunto de pruebas fundamentales para el juicio.
La Fiscalía presentó más de 3.523 pruebas documentales, de las cuales solicitó la admisión de 1.166 y finalmente le fueron aceptadas 1.060.
Además, se decretaron 67 testimonios que serán practicados durante el juicio, a los que se suman 17 de la defensa y 10 de las víctimas, para un total de 94 testigos.
Esta diversidad de pruebas y voces busca sustentar las tesis enfrentadas de la acusación y la defensa, en un proceso que, según la magistrada Jaramillo, “avanzará con la escucha de todas las partes involucradas”.
El contexto de los llamados falsos positivos en Colombia ha sido uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado.
Las ejecuciones extrajudiciales consistieron en el asesinato de civiles por parte de miembros de la fuerza pública, quienes luego los presentaban como bajas en combate para mostrar resultados operacionales.
En el caso de Dabeiba, las investigaciones han revelado la existencia de fosas comunes en el cementerio de Las Mercedes. La Fiscalía de la JEP sostiene que estos hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, dada su sistematicidad y gravedad.
Diez de los testimonios admitidos corresponden a víctimas directas, quienes tendrán la oportunidad de narrar ante la JEP el impacto de los hechos en sus vidas. La inclusión de estos testimonios responde al mandato de la JEP de garantizar la centralidad de las víctimas en la justicia transicional.
La defensa del coronel retirado ha presentado 17 testimonios con los que busca demostrar su inocencia y desmontar la tesis de la Fiscalía. El equipo jurídico de Guzmán Gutiérrez sostiene que no existen pruebas concluyentes que lo vinculen de manera directa con los hechos, y que su actuación como oficial del Ejército se enmarcó en el cumplimiento de sus deberes institucionales.
Su estrategia se centrará en cuestionar la validez de las pruebas y resaltar posibles inconsistencias en las versiones de los testigos.
De ser hallado culpable, el coronel retirado se expone a una pena de hasta 20 años de prisión.
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