La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó en las horas de la mañana del jueves 10 de julio de 2025 que formuló acusación formal contra el congresista Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
El caso tiene su origen en actuaciones cuando fue alcalde del municipio de Barrancas, La Guajira.
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Según la información que se publicó en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia en X (anteriormente Twitter), en la Sala, encabezada por el magistrado César Reyes, se emplearon pruebas testimoniales y herramientas tecnológicas para revisar el contrato de reforestación de la ribera del río Ranchería.
“Practicó pruebas testimoniales y técnicas usando moderna tecnología para evaluar el cumplimiento del contrato firmado para la reforestación de la ribera del río Ranchería, el cual se habría adjudicado irregularmente”, detalló la Corte.
La acusación se relaciona con la tramitación y celebración de un contrato de concesión para el servicio público de alumbrado en Barrancas y su interventoría, así como con el uso de los recursos recaudados por el municipio.
De acuerdo con información revelada por Semana, el entonces alcalde contó con facultades conferidas por el Concejo para ejecutar estos contratos entre el municipio y las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S.A.S. e Interventoría Alumbrado Público de Barrancas.
La Corte señaló que Cerchiaro habría gestionado el contrato sin cumplir los requisitos esenciales, pues “sabía que los recursos recaudados por impuestos eran insuficientes para cubrir la totalidad de los costos de operación del sistema de alumbrado público, así como la provisión de energía eléctrica”.
Además, la Sala de Instrucción sostuvo que no existieron estudios efectivos sobre la financiación del sistema, lo que originó la inviabilidad financiera de los contratos y la imposibilidad de cubrir costos.
Cerchiaro ya fue citado a indagación para que explique las presuntas irregularidades en el pago y liquidación de otro contrato. La acusación presentada llevará su caso a la Sala de Primera Instancia para continuar el proceso judicial.
Procuraduría investiga a funcionarios de la Dian por presunta prescripción irregular de deuda fiscal millonaria
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en relación con presuntas irregularidades en la gestión de una deuda fiscal que supera los $44 mil millones.
La Delegada para la Economía y la Hacienda Pública de la entidad decidió abrir la investigación después de una denuncia publicada en un medio de comunicación, que indicó una posible “omisión de acciones por parte de funcionarios de la entidad para evitar la prescripción de la deuda”.
El comunicado señala que desde agosto de 2024 la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales advirtió sobre el riesgo de prescripción.
“Esta aparente omisión podría constituir un detrimento patrimonial para el Estado, al no haberse emitido el mandamiento de pago correspondiente para interrumpir la prescripción de la obligación tributaria”, indicó el organismo de control.
La Procuraduría ordenó la recolección de pruebas con el objetivo de identificar a los responsables y esclarecer los hechos.
Procuraduría investiga a funcionarios de Emevasi S.A. E.S.P en Putumayo por posibles irregularidades financieras
La Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación contra funcionarios de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy en Putumayo, conocida como Emevasi S.A. E.S.P., por presuntas irregularidades en los estados financieros.
La regional Putumayo centra la indagación en los informes expuestos por los funcionarios durante la asamblea de accionistas del 31 de marzo, al revisar si hubo “una aplicación indebida de marcos contables, un incremento patrimonial sin respaldo y, además, sanciones tributarias sin gestión administrativa”.
El organismo de control solicitó los soportes de las provisiones ejecutadas para verificar “posibles anomalías fiscales y financieras”.
Además, la autoridad disciplinaria ordenó la práctica de pruebas para esclarecer las acciones bajo investigación.
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