Caso de Juan Felipe Rincón: juez decidió aplazar la audiencia de preclusión por el asesinato del hijo del general (r) William Rincón

El 9 de julio de 2025 se adelantó la audiencia en la que se decidiría el futuro de la investigación del asesinato de Juan Felipe Rincón Morales, hijo de general (r) William Rincón, que ocupó altos cargos en la Policía Nacional de Colombia.

En la diligencia, el juez del caso analizó si se aceptaba la solicitud de preclusión de la Fiscalía General de la Nación a favor de Andrés Camilo Sotelo. La defensa de la víctima insiste en que el proceso debe continuar hasta agotar todas las líneas de investigación.

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A lo largo del proceso, Juan Felipe Criollo, abogado defensor, expuso una serie de pruebas para sustentar la tesis de que el impacto de bala que acabó con la vida del joven de 21 años correspondería a la dotación del patrullero Sergio Felipe Rico Rueda, que se enfrenta a un proceso penal.

El togado sostuvo que en la escena del crimen apareció una sexta vainilla, de marca L84, que no pertenecía a la dotación oficial, por lo que considera que debe de investigarse la posibilidad de que se usó una segunda arma. A su vez, señaló que el órgano rector nunca tuvo en cuenta en su proceso investigativo la posibilidad de que hubiera errores de los funcionarios en la recolección de pruebas en el lugar de los hechos.

Criollo se refirió a una de las entrevistas realizadas a una menor de edad relacionada con el caso. De acuerdo con el togado, la testigo sostuvo que un familiar de Camilo Sotelo le había pedido que se inculpara para que él no fuera procesado.

Tras el testimonio de la menor, el litigante señaló que hay dudas en torno a la culpabilidad de Sotelo, ya que pudo haber presiones por parte de sus allegados para demostrar su inocencia.

Durante la diligencia, el abogado defensor planteó la posibilidad de que hubo otros implicados en el asesinato de Juan Felipe Rincón. Para ello, mostró las grabaciones de las cámaras de seguridad en la que se evidenció que había tres personas en posesión de elementos lesivos que no fueron incluidos en la investigación liderada por la Fiscalía.

Además, habló sobre la prueba de pólvora que le hicieron a Sotelo. Para el defensor, no hay certeza de la validez del procedimiento, ya que se realizó días después de los hechos cuando estaba siendo atendido donde limpiaron sus heridas y cuerpo por temas de asepsia.

A la par, María Mercedes Gómez, suplente del abogado Iván Cancino, insistió en la participación de más personas en el caso basado en la investigación realizada por el equipo de Criollo. Igualmente, resaltó que aún no hay indicios de qué arma de fuego disparó el sexto proyectil, por lo que sostuvo que es necesario no precluir el caso para evitar que se vulneren los derechos de las víctimas.

Con respecto a los argumentos enunciados por los litigantes, el delegado de Ministerio Público señaló que basado en las irregularidades no se debería realizar, ya que hay indicios de qué falta investigación. Además, recalcó que no existen razones para cesar el proceso, puesto que no se están afectando los derechos ni la presunción de inocencia de Sotelo.

En ese sentido, “pido que se mantenga el proceso y se incluyan las pruebas que no fueron recogidas para saber la verdad. La postura del Ministerio es que no se debe de atender a la petición de la Fiscalía General de la Nación”.

Frente a los planteamientos, el juez Gustavo Aguilera escuchó la petición del defensor técnico, que solicitó pausar la sesión ante la incapacidad del funcionario, por lo que se retomará el lunes 14 de julio a las 2 p. m.