
La defensa de Nicolás Fernando Petro Burgos no logró acceder a información adicional sobre el proceso penal en su contra, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá desestimó el recurso de insistencia presentado por su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda.
La decisión del alto tribunal dejó en firme que la Fiscalía General de la Nación ya entregó toda la documentación y datos exigidos por la ley en el expediente donde se investiga al hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro.
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En horas de la tarde del lunes 7 de julio, de acuerdo con la información publicada, la Sala del Tribunal Superior de Bogotá resolvió declarar improcedente el mecanismo jurídico que buscaba obligar a la Fiscalía a proporcionar más detalles sobre el caso. El proceso se abrió bajo los cargos de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el expediente identificado como 2500 0234 1000 2025 00776 00, cuya parte demandante es Nicolás Fernando Petro Burgos.
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La providencia del tribunal especificó que la Fiscalía contestó formalmente las solicitudes de la defensa, aunque consideraron que la respuesta había sido “materialmente evasiva, imprecisa y jurídicamente insatisfactoria”. Sin embargo, como la entidad investigadora no argumentó la reserva de la información y cumplió formalmente con la entrega de los materiales requeridos, el tribunal concluyó que el recurso legal interpuesto por la defensa no resulta procedente.

La resolución establece en su primer punto “declarar improcedente el recurso de insistencia que radicó Pedro Alejandro Carranza Cepeda en calidad de defensor de Nicolás Fernando Petro Burgos”. También ordena la notificación del fallo a las partes y el archivo definitivo del expediente en cuanto la decisión adquiera firmeza. Es de mencionar que la sala aprobó la providencia en su sesión más reciente, dando cierre al intento de la defensa por ampliar el acceso a información de la investigación penal.
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El tribunal enfatizó que la Fiscalía General de la Nación ha entregado toda la información relacionada con los cargos que se le imputan a Nicolás Petro. De esta manera, la autoridad judicial manifestó que no existen motivos o pretextos adicionales que pudieran justificar una dilación del proceso bajo el argumento de falta de acceso a los expedientes.
En consecuencia, la declaración de improcedencia del recurso marca un punto definitivo para el intento de la defensa de obtener más elementos probatorios en la causa penal, dejando sin efecto cualquier argumento pendiente en torno a la supuesta falta de transparencia por parte de la autoridad investigadora.
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En otro frente, se conoció recientemente que, un juez de conocimiento de la capital del Atlántico determinó que Nicolás Petro podrá desplazarse libremente dentro de Colombia, dejando sin efecto la anterior restricción que limitaba sus movimientos a la ciudad de Barranquilla, donde mantiene su residencia.
La resolución judicial ratificó una decisión previa en segunda instancia. Inmediatamente conocida la notificación, Petro Burgos presuntamente viajó a Bogotá para instalarse de forma temporal, en búsqueda de mayor seguridad y cercanía con su padre, el presidente Gustavo Petro.
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El proceso penal en contra del exdiputado —imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en actividades presuntamente desarrolladas durante la campaña presidencial de 2022— ha experimentado constantes demoras, motivadas en parte por recursos jurídicos interpuestos por su equipo de defensa. Entre estas acciones legales figuran solicitudes de aplazamiento de audiencias y apelaciones, lo que ha dilatado la fase preparatoria del juicio.

El origen de la causa penal se remonta a las denuncias públicas presentadas por la exesposa de Nicolás, Daysuris Vásquez. En medio de un conflicto conyugal derivado de una infidelidad de Petro Burgos con una amiga de Vásquez, esta última acudió a la prensa y a la Fiscalía General de la Nación para ofrecer su testimonio sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos, afirmando haber presenciado hechos ilícitos.
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