Se cumplen 10 meses desde que el alcalde de Barrancabermeja (Santander), Jonathan Stível Vásquez Gómez, fuera imputado por la Fiscalía General de la Nación y solo hasta ahora se conocen nuevo detalles de su proceso por presunta compra de fotos.
De hecho, según información conocida en la mañana de este domingo 6 de julio, el mandatario local estaría próximo a ir a juicio para que el ente acusador presente todo el material que ha recopilado en su contra desde septiembre de 2024.
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Situaciones como la circulación de videos mostrando largas filas en ciertas viviendas de la ciudad, fotografías de supuestos pagos a electores y testimonios que han quedado consignados en el proceso constituyen parte fundamental del material que la Fiscalía General de la Nación, usará en el juicio por presunta compra de votos.
Información conocida por el diario regional Vanguardia reveló que el mandatario llegará a juicio el miércoles 16 de julio de 2025, fecha en la que se espera que la Fiscalía presente y sustente públicamente la totalidad de las pruebas obtenidas durante la etapa investigativa, junto con la argumentación jurídica de los delitos imputados contra el alcalde.
El proceso judicial tiene su origen en los comicios del 29 de octubre de 2024, cuando, durante la jornada electoral, comenzaron a multiplicarse las denuncias de presuntas irregularidades.
Entre los reportes más notorios contra el alcalde, se encuentran imágenes y videos que captaron a personas con vestimenta distintiva —gorras naranjas y camisetas con un sol al frente y un lápiz en la espalda—, símbolos asociados a la campaña del entonces candidato Vásquez Gómez. En varios inmuebles del sector, y en plena jornada electoral, se observó a decenas de personas haciendo fila para ingresar, lo que despertó sospechas y alertó a las autoridades.
Las denuncias recogidas por la Fiscalía no solo apuntan a pagos en efectivo, sino también a entregas de alimentos en especie para condicionar el voto. Además, el ente acusador también habría hallado pruebas sobre presuntos formularios E-14 en el baño del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), documentos oficiales utilizados para registrar los resultados de las mesas de votación, lo que sumó incertidumbre sobre la transparencia de la jornada.
Incluso, también se habla de la existencia de conversaciones por WhatsApp y transferencias vía Nequi que, de comprobarse, evidenciarían mecanismos de pago organizados para influir en el electorado.
El proceso ha estado marcado por varios hitos claves. El 13 de septiembre de 2024, en el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, se celebró la audiencia de imputación en la que se acusó formalmente a Vásquez Gómez de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante.
Pocos días después, el 27 de septiembre, el fiscal Joseph Berdugo Jaramillo pidió la imposición de una medida de aseguramiento, sugiriendo una posible privación de libertad mientras avanzaba la investigación.
Sin embargo, el caso tomó un giro notable el 3 de diciembre de 2024, cuando la jueza tercera penal, Leddy Ximena Meneses, resolvió que no existían suficientes pruebas para dictar la medida de aseguramiento contra el alcalde.
Meneses fundamentó su decisión en la ausencia de “elementos que permitan inferir que el Alcalde sabía lo que estaba sucediendo”, según consta en la decisión citada por Vanguardia. Tampoco halló evidencia de intención de obstruir la justicia ni de que Vásquez Gómez representara una amenaza para la comunidad, condiciones indispensables para ordenar su detención preventiva.
La defensa del alcalde también enfrentó contratiempos, ya que el 22 de octubre de 2024, su abogado defensor renunció, hecho que obligó a suspender la continuación de la audiencia. Posteriormente, en marzo de 2025, el nuevo aplazamiento de la audiencia de acusación ocurrió por la misma causa: el mandatario aún no contaba con representación legal definitiva. De esta manera, el proceso judicial quedó temporalmente en pausa.
El ambiente en Barrancabermeja ha estado permeado por la controversia desde el día de las elecciones. Las denuncias ciudadanas, que se potencializaron a través de redes sociales y medios de comunicación, han descrito desde pagos directos en dinero hasta promesas de alimentación a cambio del voto.
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