La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Lorielmo Steele Pomare, ciudadano colombiano de 59 años, requerido por el gobierno de Estados Unidos, por su presunta participación en una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y armas.
La decisión, adoptada por la Sala Penal con ponencia del magistrado Gerardo Barbosa Castillo, se basó en evidencias presentadas por autoridades estadounidenses, que señalan a Steele Pomare como una figura central en el uso estratégico de las islas Bahamas como corredor para el traslado de cocaína desde Sudamérica hacia Florida.
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Según la acusación formal presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Steele Pomare aprovechaba la cercanía geográfica de las islas del norte de Bahamas —ubicadas a menos de 185 kilómetros náuticos de la costa de Florida— para coordinar envíos de droga mediante lanchas rápidas, yates y avionetas, de acuerdo con el auto judicial de Estados Unidos.
Las rutas estratégicas para el narcotráfico
Las rutas identificadas incluían escalas en Venezuela, Colombia y la isla de Whale Cay, utilizada como punto intermedio para almacenar cargamentos y concretar canjes de cocaína por armas.
Las investigaciones, lideradas por la DEA desde 2023, documentaron cómo altos mandos de la Real Fuerza de Policía de Bahamas (Rbpf) y de la Real Fuerza de Defensa (Rbdf) participaron activamente en el esquema criminal.
A cambio de sobornos, estos funcionarios facilitaron el paso seguro de los cargamentos, protegieron operaciones e, incluso, emplearon recursos oficiales, como embarcaciones y vuelos militares, para trasladar dinero y drogas.
En mayo de 2024, Steele Pomare viajó a Bahamas para acordar el envío de trescientos kilogramos de cocaína, comprometiéndose a entregar el 30 % del cargamento como pago a sus colaboradores bahameños.
Grabaciones en video registraron reuniones del colombiano en Bahamas, Estados Unidos y Colombia, donde discutía detalles logísticos y recibía pagos relacionados con la operación.
Intercambio de armas y drogas vinculado a las disidencias de las Farc
Uno de los elementos más sensibles del caso fue la participación del sargento bahameño Prince Albert Symonette, que confesó haber facilitado un intercambio de armas estadounidenses por droga, en beneficio de supuestos miembros de las disidencias de las Farc, según el medio de Las Bahamas The Nassau Guardian.
Según la acusación, Symonette entendió que las armas serían enviadas desde Florida a Bahamas y posteriormente utilizadas por grupos armados en Colombia. La acusación también describe un intento fallido de contrabando aéreo en el que un avión simulado abandonó droga en el mar durante una supuesta redada.
La red criminal contaba con una infraestructura extensa y niveles altos de corrupción.
Cargos y acusaciones formales
Elvis Nathaniel Curtis, de 51 años, supervisaba la seguridad en todos los aeropuertos de Bahamas, incluido el Aeropuerto Internacional Lynden Pindling (Lpia), mientras que Roker, de 56 años, compartía información confidencial sobre operativos de la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos.
Ambos fueron capturados en Florida y trasladados a Nueva York para enfrentar cargos.
El fiscal Damian Williams y la administradora de la DEA, Anne Milgram, anunciaron cargos contra trece personas, incluyendo Steele Pomare, por conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.
Los cargos incluyen penas mínimas obligatorias de 10 años y máximas de cadena perpetua.
“Durante años, traficantes de droga han introducido toneladas de cocaína por Bahamas con el apoyo y protección de funcionarios corruptos”, advirtió Williams.
Milgram, por su parte, destacó que en 2024 hubo un aumento del 5,4 % en las incautaciones de cocaína en EE. UU. y responsabilizó a los implicados de poner en riesgo vidas por beneficio personal.
Además de Steele Pomare, entre los detenidos están el colombiano Luis Fernando Orozco-Toro, señalado como responsable de enviar la cocaína desde Sudamérica; el superintendente jefe Curtis; el suboficial jefe Roker; y el sargento retirado Symonette.
También figuran otros ocho ciudadanos bahameños, incluidos cuatro pilotos, implicados en la operación.
La acusación señala que algunos funcionarios negaron acceso a pruebas incautadas, alertaron a narcotraficantes sobre operativos y ofrecieron usar aeronaves oficiales para mover ganancias del narcotráfico.
En un episodio ocurrido en octubre de 2023, Curtis y Symonette habrían recibido un soborno de 10.000 dólares para facilitar un envío de 600 kilogramos de cocaína a través del aeropuerto de Nassau.
Un mes antes de su captura, Curtis habría ofrecido asegurar envíos a cambio de un pago de dos millones de dólares con la supuesta autorización de un político de alto rango.
El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, tiene previsto pronunciarse en el Parlamento sobre el caso.
Mientras tanto, la Corte Suprema colombiana continúa el trámite de extradición contra Steele Pomare, que, según las pruebas, actuaba como intermediario entre traficantes colombianos y bahameños, utilizando rutas marítimas y aéreas encubiertas para mover cargamentos hacia Estados Unidos.
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