El exrepresentante a la Cámara por el Huila Jaime Felipe Lozada hizo pública una carta dirigida al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, en la que solicita el reforzamiento inmediato de las medidas de seguridad para él y su familia.
En la misiva, publicada el 2 de julio de 2025 en su cuenta de X, el excongresista advirtió sobre el riesgo creciente que enfrenta como dirigente político y opositor del actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, y recordó su condición de víctima del conflicto armado.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“Que nuestras diferencias políticas e ideológicas no nos cuesten la vida”, escribió Lozada en la red social, etiquetando tanto al presidente Petro como al ministro del Interior, Armando Benedetti, con quienes comparte profundas diferencias ideológicas. Su mensaje fue acompañado de la carta enviada formalmente al director de la UNP, en la que expone con claridad la gravedad de las amenazas recibidas recientemente.
En su comunicación, Lozada insistió en el contexto de riesgo en el que vive, particularmente un departamento que ha sido escenario de una intensificación del conflicto armado: “En mi condición de víctima de la extinta guerrilla de las Farc, como excongresista y dirigente político del departamento del Huila y como un reconocido opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro, le solicito a usted señor director de la manera más respetuosa, pero con claridad meridiana que se fortalezcan las medidas de protección mías y de familia habida cuenta de las últimas amenazas recibidas contra mi vida (…)”.
Lozada destacó además el acompañamiento reciente que ha recibido por parte de la senadora Esperanza Andrade, que ya había solicitado a la UNP una revisión urgente del caso. El excongresista también reconoció el esquema de protección que le fue asignado, pero insiste en que “los últimos hechos como el ocurrido con el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y el riesgo latente de quienes combatimos sin ambages y con nuestras posturas políticas a los criminales” obligan a solicitar medidas adicionales.
La carta concluye con una apelación directa a la defensa de los valores democráticos: “Recuerde estimado Dr. Rodríguez que la oposición es el alma de la democracia y que protegerla no solo habla bien de quienes ostentan el poder, sino que es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución”.
La amenaza que recibió el excongresista
La preocupación de Lozada no es infundada. El pasado 12 de abril, también por medio de su cuenta de X, denunció haber recibido una amenaza directa a su celular personal por parte de la estructura Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo, una de las disidencias más activas de las antiguas Farc. En esa ocasión, compartió una captura de pantalla del mensaje, que lo declaraba como “objetivo militar”.
El mensaje intimidante incluía acusaciones ideológicas: “debido a sus constantes ataques contra nuestra organización y a su permanente llamado a la militarización del departamento, declaramos objetivo militar al señor Jaime Felipe Lozada”. Y finalizaba con una advertencia directa: “Ya sabe señor Lozada, vamos por usted y por su familia”.
La amenaza generó reacciones inmediatas en la opinión pública y el escenario político. La precandidata presidencial Vicky Dávila expresó su apoyo a Lozada en redes sociales, escribiendo: “Ojo a esto, Jaime Lozada amenazado, aun cuando es una víctima. Las autoridades deben actuar de inmediato”.
Esta expresión de respaldo se suma a la de otros actores políticos que han instado a la UNP y al Gobierno nacional a tomar en serio las advertencias de seguridad hechas por dirigentes opositores, especialmente en regiones donde la presencia de grupos armados ilegales ha venido en aumento.
Un drama familiar marcado por el conflicto
Las amenazas actuales reviven para Lozada una historia de dolor profundamente ligada al conflicto armado colombiano. El 26 de julio de 2001, cuando tenía apenas 15 años, fue secuestrado junto a su madre, Gloria Polanco de Lozada, y su hermano Andrés Felipe, durante la toma del edificio Miraflores en Neiva. Mientras que él y su hermano fueron liberados tras el pago de un rescate, su madre permaneció en cautiverio por casi siete años, siendo liberada en 2008 en una operación humanitaria que involucró a la senadora Piedad Córdoba y al entonces presidente venezolano Hugo Chávez.
El drama familiar se agudizó aún más cuando, el 3 de diciembre de 2005, el entonces senador Jaime Lozada —padre del excongresista— fue asesinado por las Farc.
Más Noticias
Nubia Córdoba lamentó la muerte del gobernador indígena Eutimio Valencia: dijo que se espera el dictamen de Medicina Legal
La gobernadora de Chocó confirmó que el cuerpo del líder fue recuperado y que se cree que su muerte estaría relacionada con una acción criminal
“Soy una mujer recia a mis principios”: Paloma Valencia define su liderazgo ante la incertidumbre por quién será su fórmula vicepresidencial
La aspirante presidencial dejó claro que está dispuesta a dialogar y construir acuerdos, ante la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo, su principal competidor en la Gran Consulta por Colombia, sea el elegido para acompañarla en su carrera hacia la Casa de Nariño
Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno
Habrá demanda contra nueva regla del Gobierno Petro que preocupa a las empresas y pone a los trabajadores a pagar nuevos impuestos
Abogados cuestionaron escenarios inéditos en el que empleados y empleadores podrían asumir cargas inesperadas, mientras crecen las dudas sobre la legitimidad y equidad en el ámbito laboral
Karen Manrique habría huido tras ser acusada por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ungrd: versiones indican que cruzó la frontera con Venezuela
El alto tribunal ordenó la captura de la senadora y del representante Wadith Manzur, en medio de la investigación por presunto cohecho impropio
