Para Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, que hace parte del partido Centro Democrático, el destino de las finanzas públicas en Colombia atraviesa un punto crítico bajo el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro. Según la congresista, que ya había hecho énfasis en este asunto, el déficit del Gobierno nacional superará este año los 130 billones de pesos, la cifra más alta en más de un siglo; a excepción del periodo de pandemia.
En su más reciente columna de opinión, titulada Petro rompió la regla fiscal, Valencia describió que el presente escenario representa el segundo año consecutivo en que el Ejecutivo rompe, justamente, la regla fiscal, en medio del creciente gasto estatal y la falta de respaldo en el Senado de la República a sus propuestas económicas; como ya quedó evidenciado con el hundimiento de la llamada ley de financiamiento; que en términos prácticos era la tributaria 2.0.
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Durante el año fiscal en curso, y según expresó la senadora de uno de los partidos de oposición, el Ministerio de Hacienda entregó un presupuesto desbalanceado al Congreso, acompañado de una nueva propuesta de reforma tributaria: una estrategia que ya había intentado el año anterior sin lograr la aprobación en la corporación.
La reforma fiscal de 2022, la primera impulsada por Petro aumentó, según Valencia, la carga tributaria en alrededor de 17 billones de pesos, posicionando a Colombia con la mayor tasa de tributación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). De la misma manera, la senadora destacó que los llamados “impuestos saludables” impactaron el consumo de la población de menores recursos, incluso en productos básicos.
Y sostuvo que el Gobierno reconoció de forma abierta la ruptura de la regla fiscal en 2023, aunque en 2024 utilizó recursos técnicos como las “transacciones de única vez” para ocultar cerca de 27 billones de pesos y simular el cumplimiento del límite de gasto. La crítica de la senadora es que el aumento del gasto no se ha traducido en inversiones visibles ni proyectos de gran escala; por el contrario, deja en evidencia el ensanchamiento del gasto burocrático.
Paloma Valencia denunció del aumento de la nómina estatal
De acuerdo con cifras difundidas por la congresista, cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde la llegada de Petro a la Casa de Nariño en 2022, la burocracia estatal ha crecido en 31.000 cargos, con un costo de más de 45 billones de pesos anuales en personal. Solo en 2024, el aumento fue de 26.620 cargos nuevos, con la creación de 10.000 puestos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), según su denuncia.
Al panorama se suma el récord en contratos de prestación de servicios, que en lo que va de 2025 alcanzan los 374.000, con un costo acumulado de 16 billones de pesos, y un presupuesto del año que subió más de 10 billones por el desmesurado incremento de personal.
En ese orden de ideas, la magnitud del endeudamiento también mereció una fuerte crítica de Valencia. La congresista advirtió que bajo Petro la deuda nacional aumentó 17,2%, superando el umbral histórico de los 1.000 billones de pesos y representando más del 63% del Producto Interno Bruto (PIB); por lo que la deuda está 136 billones de pesos por encima del nivel considerado óptimo, que sería el 55% del PIB.
Ante este panorama, el Estado se ha visto obligado a pagar primas e intereses de deuda propios de países con menor calificación de riesgo. Valencia explicó que la tasa TES (Títulos de Tesorería) superó el 13% y los seguros de impago (CDS) se pagan 166 puntos básicos por encima del promedio regional, según indicó en su pronunciamiento.
A su vez, mencionó cómo los compromisos financieros para 2025 incluyen un pago adicional de intereses de deuda por 11 billones frente al año anterior, lo que sumaría más de 85 billones de pesos solo en intereses. Frente a este contexto, remarcó cómo la administración de Petro ha presentado dos proyectos de reforma tributaria con el propósito de aumentar la recaudación.
El primero, de cerca de 9 billones de pesos, contempla extender el IVA a plataformas de apuestas digitales, iglesias y aplicar nuevos impuestos al sector petrolero, carbonífero y al consumo de gasolina y diésel, medidas que según la senadora afectarían especialmente a los sectores rurales mediante tributos sobre plaguicidas.
En tanto que la segunda, de carácter estructural, buscaría recaudar hasta 65 billones de pesos, al modificar contribuciones de las cajas de compensación, impuestos parafiscales empresariales, el IVA y el Ipoconsumo.
La senadora recalcó que desde el comienzo del mandato de Petro, la inversión pública se ha reducido en cerca de 5,9 billones (un 15%), cifra que prevé seguirá disminuyendo debido a la incertidumbre por los cambios tributarios y el entorno económico. Y destacó que las políticas gubernamentales se han enfocado en las reformas que han cursado en el legislativo, mientras los resultados en materia de gestión son “lamentables”.
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