La controversia generada por la presencia de varios cabecillas de organizaciones criminales en un evento oficial en Medellín, el pasado fin de semana, sigue acaparando titulares.
El presidente Gustavo Petro fue acompañado por figuras como alias Douglas, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande Pa”, “Tom”, “El Tigre”, “Pocho” y “Naranjo”, líderes de estructuras criminales que operaban en libertad desde la cárcel de Itagüí.
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La situación ha generado una ola de críticas tanto a nivel local como nacional, especialmente debido a que algunos de estos individuos tienen antecedentes de haber dirigido redes delictivas que afectan a Medellín y su área metropolitana.
El evento, que estaba relacionado con los esfuerzos del Gobierno para consolidar un espacio de diálogo y reconciliación con grupos ilegales, tuvo lugar en un contexto altamente tenso en la ciudad. Durante su realización, varios de estos criminales, algunos de los cuales se encontraban en prisión, fueron trasladados para asistir, lo que generó una reacción inmediata de rechazo.
Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió al paso de las críticas. A través de un mensaje en su cuenta de X, Benedetti defendió la decisión de incluir a estos criminales en el evento.
Según el ministro, la crítica a la presencia de los cabecillas en la cita era comparable con las objeciones que él mismo recibió cuando fue ponente de leyes como la de Justicia y Paz, que facilitó la desmovilización de paramilitares y permitió la reintegración de algunos miembros de grupos armados ilegales.
Benedetti resaltó que “lo que se hizo ese día por encima de la mesa fue lo que en el pasado hicieron a escondidas los que negociaron con Don Berna y la Oficina de Envigado”, refiriéndose a los acuerdos entre el Estado y grupos paramilitares que, según él, nunca se llevaron a cabo de manera abierta. A su juicio, el evento en Medellín debe entenderse como un paso más en el proceso de reconciliación que el Gobierno busca impulsar, a pesar de las críticas.
Críticas de mandatarios regionales
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en expresar su descontento. En sus declaraciones, el mandatario local señaló que el presidente Petro, al permitir la presencia de estos líderes criminales, “nos pone la lápida” en referencia a los esfuerzos previos por capturar a estos individuos, muchos de los cuales fueron detenidos durante su administración local.
“Esto es una afrenta a la ciudad y a los esfuerzos que hemos hecho en el marco de la ley”, añadió Gutiérrez.
Además de la crítica del alcalde, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el acto como “una humillación a las víctimas” y una “traición” a las Fuerzas Militares y policiales que, según él, han trabajado para combatir el crimen organizado en la región. “Con acciones como esta, el Gobierno pone en peligro la democracia”, indicó el gobernador, que enfatizó que la presencia de estos criminales en el evento no debe ser vista como un paso hacia la paz, sino como una normalización del crimen.
Frente a este panorama, Benedetti insistió en que los cuestionamientos hacia el Gobierno y hacia el presidente Petro están mal dirigidos, pues a su juicio desconocen la verdadera intención del proceso. “Los críticos están mal enfocados, cuando yo fui ponente de justicia y paz que tenía que ver con los paramilitares y cuando fui ponente de cómo crear la JEP y sus reglas de la JEP y de amnistía e indulto, desde esa época son igualitos los argumentos en contra”.
En ese sentido, reiteró que “si usted va a hacer la paz hay que hacerlo con los criminales y lo que se está buscando es que existan menos homicidios y menos muertos, sin sacrificar el Estado de derecho”.
Para el ministro, la diferencia radica en que el actual Ejecutivo ha querido evitar la clandestinidad en los acercamientos: “Aquí se estaba haciendo por encima de la mesa. Que usted lo diga, que estaban en la tarima, que debió o no debió hacerse, es una cuestión de forma, pero lo importante es la presencia de que no haya más homicidio”.
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