
En la tarde del sábado 21 de junio de 2025, el país conoció a través de comunicados oficiales y mensajes en redes sociales que al menos 31 militares del Ejército Nacional fueron secuestrados en la zona rural de El Plateado, corregimiento de Argelia, Cauca: en un nuevo hecho contra la fuerza pública que ha intentado, de manera infructuosa, tomar el control de esta zona del territorio nacional; considerada un bastión de las disidencias de las Farc.
Según informó la institución castrense, a través de la Tercera División y sus canales institucionales, los hechos se produjeron durante una operación militar cuando hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 4, desplegados en el sector La Hacienda de El Tambo, fueron rodeados por alrededor de 200 habitantes del lugar, en medio de un ambiente de tensión por su presencia en este predio. Lo que desató una alerta en relación con la integridad de los uniformados.
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El comandante de la unidad y tres soldados profesionales fueron secuestrados en el polideportivo local, mientras el resto de la tropa quedó sitiada en las afueras del centro poblado, según publicó el propio Ejército en su reporte.

Frente a esta delicada situación, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta en X y rechazó los hechos, en los que está en riesgo la integridad de los miembros de las Fuerzas Militares. “La Constitución Política de Colombia es clara. Nadie puede retener a alguien, excepto las autoridades legítimas del Estado y según el marco legal. Lo demás es secuestro, así lo intenten maquillar”, publicó el ministro, con lo que rechazó otros calificativos.
E insistió en su mensaje que no existe “ningún lugar prohibido” para que la fuerza pública pueda cumplir con lo que denominó su “misión constitucional” de restablecer el orden y garantizar la seguridad. “La asonada a la Fuerza Pública es un delito y por ende, un ataque al Estado Colombiano”, expresó Sánchez; en contraste con los pronunciamientos que solía hacer su antecesor, Iván Velásquez; en un hecho que no pasó desapercibido en los sectores de la oposición.

Con este escenario, el ministro de Defensa repitió que el Estado mantendrá su presencia y sus servicios en la región. “La educación, la salud, las vías, la cultura, el deporte y el trabajo digno van a llegar al Cañón del Micay. Los terroristas son temporales, el Estado es permanente”, expresó el funcionario, que dejó en clara su posición frente al impacto de estas estructuras al margen de la ley, que desistieron de la oferta de negociación hecha por el Gobierno.
María Fernanda Cabal pidió al Gobierno que garantice la vida de los uniformados secuestrados
Una de las que parece haber respaldado la claridad en la que se refirió el miembro del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, fue la senadora y precandidata al primer cargo de la nación María Fernanda Cabal, que citando lo dicho por Sánchez utilizó sus plataformas digitales para hablar de lo acontecido en una zona que prometió el Ejecutivo sería arrebatada de las “garras” de los hombres de “Iván Mordisco”, pero que continúa siendo de su dominio.
En su cuenta de X, Cabal compartió las afirmaciones del propio Sánchez y no dudó en respaldar la tesis de que lo sucedido tiene el carácter indiscutible de un secuestro de los militares en El Plateado. “Hay que llamar las cosas por su nombre: este, como tantos otros, es un secuestro y un acto criminal que debe tener consecuencias”, publicó la congresista, en una crítica directa a quienes buscan describir el incidente como una simple protesta social.

En ese sentido, la senadora denunció la frecuencia con la que se ven ataques y retenciones ilegales contra la fuerza pública y elevó su reclamo a la Fiscalía General de la Nación. “Pero la Fiscalía sigue en silencio. ¿Acaso los soldados no tienen derechos humanos? Nuestros militares no pueden seguir siendo tratados como blanco fácil", expresó Cabal en su pronunciamiento, que reflejaría la sensación de desprotección que estaría sufriendo el estamento militar.
La postura de la senadora concluyó con una demanda de mayor respaldo operativo y jurídico para los uniformados que desempeñan funciones en regiones de alto riesgo. “Deben estar instruidos y autorizados para defenderse ante las agresiones, vengan de donde vengan, incluso si se disfrazan de protesta campesina”, escribió en su mensaje la congresista, que puso en evidencia el reclamo de años al Estado y las instituciones de justicia.
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