El 20 de junio de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la República iba a derogar el decreto que instauraba la consulta popular. Sin embargo, dijo que su próxima jugada política será convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones.
“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria (...) Por eso será entregada una papeleta para convocar la asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones. , señaló.
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El jefe de Estado informó que irá a Medellín para participar en un evento sobre la Paz Urbana que se llevará a cabo el 21 de junio de 2025, a pesar de las diferencias que tiene con los líderes políticos del departamento de Antioquia, que experimenta problemas de seguridad.
La elección de este espacio, rodeado por los edificios de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, no resulta casual. Ambas instituciones representan dos de los principales gobiernos locales que se han posicionado como opositores a la administración nacional, lo que añade un matiz de confrontación política a la convocatoria.
La organización de la concentración generó tensiones en distintos sectores políticos y sociales de Antioquia. Diversos actores políticos expresaron reparos sobre la financiación de proyectos nacionales en la región, señalando que muchos de ellos permanecen desfinanciados.
A este contexto se suma la inquietud por la logística desplegada por el gobierno central para asegurar la asistencia masiva a la plazoleta. Entre las estrategias mencionadas figuran convocatorias en comunas específicas para llenar autobuses con asistentes, así como presuntas maniobras contractuales que podrían implicar desembolsos millonarios.
La movilización cobró visibilidad en redes sociales, donde varios parlamentarios difundieron invitaciones a la ciudadanía. Paralelamente, comenzaron a circular mensajes en grupos de WhatsApp que, según diversas denuncias, revelarían detalles de la logística implementada por el Pacto Histórico en Antioquia para garantizar la presencia de simpatizantes en el evento.
Uno de estos audios fue publicado por el exconcejal de Medellín Simón Molina, que ha sido crítico de la convocatoria. En la grabación, una mujer detalla la coordinación de autobuses para trasladar a habitantes de las comunas 3, 6, 8, 10 y 13 hasta La Alpujarra, solicitando responsables para cada sector y mencionando la provisión de refrigerios y otros apoyos logísticos.
“Buenos días, estas son las comunas que inscribí para que le mandaran buses para llevar la gente a la venida del presidente. Por favor me dicen quién se va a poner al frente de cada comuna de carácter urgente (...) para hacerles el contacto de que queden enfrente para los buses, el refrigerio y para lo que se ofrezca”, se escuha en el audio que divulgó Molina.
Este fragmento fue interpretado por sectores de la oposición como evidencia de una movilización organizada y financiada desde instancias oficiales o afines al Gobierno Petro.
En su publicación, Simón Molina expresó: “En Medellín el Pacto Histórico y sus congresistas están preparando la movilización con Petro el próximo 21 de junio en Aranjuez. Buses, refrigerios y lo que tengan que ofrecer. Su ‘tal respaldo popular’ es comprado”. Con estas palabras, el exconcejal cuestionó la autenticidad del apoyo popular al presidente, sugiriendo que la asistencia al evento responde a incentivos materiales y no a una adhesión genuina.
Las dudas sobre el uso de recursos públicos para la logística del mitin fueron reforzadas por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout. Este funcionario publicó un certificado de disponibilidad presupuestal, identificado como perteneciente a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo. El documento, según De Bedout, estaría vinculado a un contrato destinado a respaldar la organización del encuentro en La Alpujarra.
El concejal planteó interrogantes sobre la legalidad y legitimidad de estos gastos: “Mientras se afinan los detalles logísticos de esta puesta en escena, comienzan a sonar con fuerza las alarmas: ¿Se están usando recursos públicos para llenar la plaza? ¿Está el Gobierno gastando más de $2.600 millones en buses, tarimas, refrigerios y movilización con fines netamente políticos?”. La cifra mencionada, más de $2.600 millones, equivale a una suma considerable destinada a transporte, infraestructura y alimentación para los asistentes, lo que encendió el debate sobre la transparencia en el uso de fondos estatales.
De Bedout profundizó en su denuncia al señalar que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias ejecuta en Antioquia el convenio PCCA-05 de 2025, por un monto superior a $2.682 millones. El contrato contempla actividades como “fortalecimiento comunitario”, “procesos territoriales” y “eventos pedagógicos”, categorías que permiten financiar transporte, alimentación, logística y presencia en territorio. Esta amplitud en los objetivos contractuales generó suspicacias sobre la posibilidad de que recursos públicos se destinen a fines políticos, bajo la apariencia de actividades comunitarias.
De igual manera, alertó que en otras entidades regionales también existirían indicios de instrucciones para poner recursos y capacidades al servicio del mitin presidencial. La pregunta que planteó De Bedout resume la preocupación de la oposición: “¿Coincidencia? ¿O estamos ante una operación política encubierta con dinero público?”. Esta inquietud encontró eco en sectores críticos del gobierno, que exigen claridad sobre el origen y destino de los fondos empleados en la movilización.
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