Durante el foro “Problemática y retos de la migración en tránsito en Colombia”, celebrado en Quibdó, la Contraloría General de la República presentó un detallado estudio intersectorial que deja en evidencia serias debilidades en la Política Pública Contra el Tráfico de Migrantes en el periodo 2016-2023.
El informe, elaborado con el apoyo de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, arroja cifras y hallazgos que encienden las alarmas sobre el impacto fiscal y social de los crecientes flujos migratorios que atraviesan el país.
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Vacíos en la política pública y falta de recursos
Uno de los puntos más críticos señalados por el órgano de control es la desalineación entre la planeación y la implementación de la política pública, junto a vacíos normativos y la carencia de indicadores y metas que permitan un seguimiento eficaz. La Contraloría advirtió que no se asignaron recursos específicos desde el Gobierno nacional para el desarrollo de las estrategias contempladas en el Decreto 1692 de 2016, lo que obligó a las entidades a ejecutar acciones desde los presupuestos de funcionamiento, sin claridad sobre la suficiencia de dichos recursos.
Aunque la Ley 2136 de 2021 estableció el compromiso de destinar recursos para medidas de protección y lucha contra el tráfico de migrantes, en la práctica las entidades se han visto limitadas para actuar debido a la falta de financiación.
La auditoría realizada a Migración Colombia reveló además que el crecimiento de los flujos migratorios no ha sido acompañado por un aumento proporcional del recurso humano operativo, afectando la capacidad de respuesta frente a la problemática.
Impacto de las nuevas dinámicas migratorias
La Contraloría también puso de relieve el impacto de las recientes políticas migratorias restrictivas adoptadas por Estados Unidos, como la eliminación de facilidades para solicitar asilo y la autorización de redadas contra migrantes indocumentados.
Pese a que el flujo irregular que transitaba por Colombia hacia el norte del continente disminuyó en un 62% en lo corrido de 2025, al registrarse 60.469 detecciones frente a las 160.708 del mismo periodo en 2024; según el ente de control, el fenómeno se ha transformado en un retorno de migrantes desde Norte y Centroamérica hacia sus países de origen.
Por otra parte, entre el 15 de enero y el 30 de abril de 2025, se contabilizó el ingreso de 7.592 migrantes por vía marítima desde Puerto Obaldía (Panamá) hasta Capurganá (Chocó), la mayoría de los cuales continuaron su tránsito hacia Necoclí (Antioquia). “Es altamente preocupante que el 43% de este flujo lo constituyan mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes enfrentan riesgos diferenciados y requieren respuestas especializadas para garantizar su protección y bienestar”, advirtió la Contraloría.
Además, subrayó que el retorno de migrantes no elimina los peligros que enfrentan en el camino, tales como el tráfico de migrantes, naufragios, desapariciones y la trata de personas. Por ello, instó a reforzar la cooperación internacional, la gobernanza institucional y la articulación entre el Gobierno nacional y los entes territoriales.
Un fenómeno creciente y concentrado en ciertas regiones
El estudio mostró que desde 2015 el flujo de migrantes en tránsito irregular ha crecido de forma sostenida, alcanzando un pico en 2023, cuando se registraron 539.959 personas atravesando Colombia con destino a otros países. En total, entre 2012 y 2024, Migración Colombia detectó 1.332.315 migrantes en tránsito irregular.
La mayor parte de estos flujos se concentran en Antioquia, que en 2024 acumuló el 67,43% de las detecciones, seguido por Nariño (29,96%) y Putumayo (1,40%). Esta concentración se debe en gran medida a la ubicación estratégica de municipios como Necoclí y Turbo, que se han convertido en puntos de salida clave hacia Centroamérica.
Para dimensionar el impacto fiscal, la Contraloría, a través de su Dirección de Análisis de Información, diseñó el Modelo Costo Migrantes. Esta herramienta determinó que 1.179.270 migrantes han recibido algún tipo de apoyo estatal, con un costo acumulado de $2,93 billones. El ente advirtió que estos gastos crecen aceleradamente, comprometiendo la sostenibilidad del presupuesto público, especialmente en lo relacionado con el régimen subsidiado de salud y los servicios de educación.
El modelo evidenció también problemas como duplicidad en la entrega de subsidios y fallas en los registros de información, lo que dificulta una gestión eficiente y equitativa. En ese sentido, la Contraloría hizo un llamado urgente a fortalecer los sistemas de control, mejorar la planeación fiscal y dirigir los recursos hacia las regiones y sectores donde más se necesitan, a fin de proteger la sostenibilidad de los servicios públicos y garantizar una atención adecuada a la población migrante.
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