La violencia en Colombia se incrementó un 45 % reconoce informe de ONG cercana al Gobierno Petro

Todo indica que definitivamente fracasó la política de paz total, con la que el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, buscaba reducir significativamente la violencia en el país por cuenta del conflicto armado y la amenaza de los grupos criminales al servicio del narcotráfico, a través de una negociación simultánea con todas esas organizaciones.

Sin embargo, tres años después de trabajar en esos procesos, la ofensiva de esas estructuras por el contrario se incrementó en un 45 % durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024, registrándose hasta mayo un total de 603 hechos de este tipo.

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Esos datos fueron revelados en el informe ‘La paz, ¿cómo vamos?’, que realizaron en conjunto las ONG Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que es cercana a la administración Petro.

Durante un evento que se llevó a cabo en Bogotá, se presentaron los resultados de ese estudio y participaron el expresidente Ernesto Samper, diplomáticos, integrantes de delegaciones de paz y líderes regionales.

“Vamos a cerrar el año 2025 con más de 1.200 eventos violentos, lo podemos confirmar desde ya”, reiteró Lina Mejía Torres, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos

Esta cifra implicaría un récord en comparación con los años 2023 y 2024, durante los cuales no se superaron los 1.100 casos documentados.

El informe señala que durante 2025 persisten dinámicas violentas con impactos graves sobre la población civil, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones y violencia sexual.

El expresidente Samper enfatizó la necesidad de un enfoque integral para atender la multiplicidad del conflicto colombiano, afirmando que “cuando uno tiene ocho incendios en la casa, no puede apagar solo uno”.

Además, planteó que la verdadera disyuntiva del país no es entre paz o guerra, “sino entre paz y paz”, llamando a avanzar hacia una “territorialización de la paz” basada en mínimos humanitarios que protejan a las comunidades más afectadas.

Actualmente, el Estado colombiano mantiene nueve procesos de paz como parte de la estrategia nacional de la paz total, impulsada por el presidente Gustavo Petro y en continuidad con el acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

Estos diálogos involucran a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); las disidencias Segunda Marquetalia y Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo; bandas armadas de Medellín, Buenaventura, Cauca, Nariño y múltiples agrupaciones locales.

De acuerdo con el informe, únicamente el proceso de Medellín recibió una calificación alta. En contraste, el proceso del Estado Mayor de Bloques y Frentes, con presencia significativa en el departamento de Guaviare, acumuló 783 acciones violentas en lo que va del año, lo cual evidencia la debilidad de los compromisos alcanzados en esta mesa de diálogo.

El analista León Valencia subrayó la complejidad del contexto señalando que, aunque la situación no es comparable a las épocas en que ocurrían 3.000 secuestros y 600.000 desplazados, hoy existe una “confluencia peligrosa” de violencias armadas y disputas territoriales.

El documento presentado insiste en priorizar la protección de la población civil durante los procesos, requiere la adopción de mínimos humanitarios, regular el manejo de los ceses al fuego y garantizar la participación ciudadana en los territorios afectados.

El informe concluye afirmando que “la seguridad no puede seguir siendo sinónimo de militarización” e insta al Estado colombiano a implementar medidas estructurales y sostenidas que permitan el cumplimiento de los acuerdos de paz y fortalezcan el proceso de consolidación de la paz.

Entre los asistentes al evento destacaron el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez; el coordinador general en Colombia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Vicente Ortega; y la jefa de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN, Vera Grabe.