Un audio divulgado el miércoles 18 de junio por Caracol Radio reveló las estrictas medidas impuestas por las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 44, en el marco del paro armado declarado en el departamento del Guaviare.
La prohibición de movilizarse en motos, vehículos particulares, transporte público y embarcaciones por ríos y caños es una de las restricciones más severas que afectan a la población local. Estas medidas, según los disidentes, buscan proteger a los civiles de posibles enfrentamientos con otras facciones armadas.
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El paro armado, anunciado por el Bloque Amazonas de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, comenzó el 15 de junio de 2025 y se extenderá hasta el 21 de junio.
Según el comunicado emitido por este grupo, la región estará bajo un toque de queda general una vez finalizado el paro.
Además, acusan a las fuerzas de seguridad de colaborar con las estructuras de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, para extorsionar a la población civil.
El medio citado también reportó que las restricciones incluyen la prohibición de movilidad entre los municipios de San José del Guaviare y El Retorno a partir de las seis de la tarde, sin fecha definida para su levantamiento.
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“De igual forma indicarles que no se pueden movilizar en motos, cargueros, vehículos de servicio público, transporte particular y embarcaciones por los caños y ríos hasta nueva orden. De igual forma se restringe la movilidad en la vía”, se escucha en el audio revelado por el mencionado medio.
En un audio atribuido a un miembro del Frente 44, identificado como alias Mayimbú, se detalla que el toque de queda fue temporalmente levantado entre el 12 y el 14 de junio para permitir a los habitantes abastecerse de alimentos.
Sin embargo, las restricciones volvieron a imponerse de manera indefinida. En el mensaje, dirigido a comunidades como Las Bocas, Puerto Ospina, Las Acacias y La Leona, el grupo armado justificó estas medidas como una forma de proteger a los civiles de los enfrentamientos con el grupo de “Calarcá”.
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La situación en el Guaviare es crítica, ya que la población enfrenta una doble amenaza: la violencia generada por los enfrentamientos entre las disidencias y una emergencia climática causada por lluvias extremas.
El desbordamiento del río Guaviare ha afectado a más de 10.000 familias, dejando a muchas de ellas con sus viviendas inundadas. En total, se estima que más de 40.000 personas están en crisis debido a esta combinación de factores.
El Ejército Nacional, desde la Brigada 22 en San José del Guaviare, intensificó sus operaciones para contrarrestar los combates entre las disidencias.
El general Freddy Gómez, comandante de la Cuarta División, denunció que los grupos armados están utilizando estrategias digitales y audios intimidantes para restringir la movilidad y afectar las economías locales.
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Según el oficial, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita capturar a alias “Yimmy”, uno de los principales cabecillas implicados en estas intimidaciones.
Para reforzar la seguridad en la región, el Ejército desplegó 2.500 soldados adicionales y está en proceso de crear la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 10 (Fudra 10). Esta nueva unidad tendrá como objetivo principal enfrentar a los grupos multicrimen que operan en la región amazónica.
Además, las tropas están enfocadas en proteger la Trocha Ganadera, una vía estratégica de 140 kilómetros que conecta varias zonas del Guaviare.
En los audios revelados, los disidentes también denunciaron un supuesto “contubernio” entre las fuerzas de seguridad y el grupo de “Calarcá”.
Según el comunicado, esta colaboración estaría generando un clima de miedo y zozobra entre los habitantes, que también han recibido panfletos intimidatorios. En uno de los mensajes, alias “Mayimbú” afirmó que las restricciones buscan cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, aunque las acciones del grupo armado han sido ampliamente condenadas por las autoridades y la comunidad.
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El panorama en el Guaviare refleja la complejidad de la situación en esta región estratégica de Colombia, donde confluyen intereses de grupos armados ilegales, problemas de seguridad y desastres naturales.
Las autoridades continúan trabajando para mitigar los efectos de esta crisis, mientras la población enfrenta incertidumbre y temor ante las restricciones impuestas y las condiciones climáticas adversas.
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