La liberación de cuatro personas secuestradas en la vía que conecta a González, en el departamento del Cesar, con Ocaña, en Norte de Santander, puso fin a horas de incertidumbre para la familia de la alcaldesa Katherine Mora. El hermano de la mandataria, su cuñada y dos escoltas fueron liberados en la zona rural de Teorama, en el corazón del Catatumbo, una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales.
La Gobernación del Cesar informó que el secuestro ocurrió el martes 17 de junio, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que se desplazaban las víctimas. El incidente se produjo en un tramo crítico de la vía González-Ocaña.
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Las víctimas, identificadas como Franklin Mora, su esposa y dos escoltas asignados al esquema de seguridad de la alcaldesa, fueron llevadas a la fuerza hacia un destino desconocido. Este hecho generó una rápida reacción institucional, con la instalación de una mesa de articulación en Valledupar, liderada por la Gobernación del Cesar y con la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y autoridades de Norte de Santander.
En un comunicado oficial, la Gobernación expresó su rechazo al secuestro, calificándolo como un atentado contra la seguridad y la tranquilidad de la comunidad. “La libertad es un derecho que no admite violación”, subrayó la administración departamental, que además solicitó a los captores respetar la vida e integridad de los retenidos. La operación conjunta permitió la liberación de las cuatro personas, que fueron trasladadas a un lugar seguro y posteriormente reencontradas con sus familias.
Aunque las autoridades no señalaron públicamente a un grupo armado específico como responsable del secuestro, la región del Catatumbo, donde se produjo la liberación, es conocida por la presencia de estructuras ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN, además de grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico y la extorsión. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias de la liberación ni si hubo intermediación de organismos humanitarios.
El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, explicó que el ataque ocurrió en el kilómetro 3 de la vía Los Pinos, jurisdicción de González. Según el funcionario, los secuestradores interceptaron una camioneta de la UNP que formaba parte de la caravana en la que también se desplazaba la alcaldesa Mora. Sin embargo, la mandataria viajaba en otro vehículo sin identificación oficial, lo que evitó que fuera raptada. “Se llevan cautivo al hermano de la alcaldesa, a la esposa del hermano y a dos escoltas, uno de la UNP y otro de la Policía Nacional”, detalló Esquivel.
El caso generó preocupación por la creciente inseguridad en los corredores viales del sur del Cesar y el nororiente del país. Líderes comunitarios y organizaciones sociales reiteraron la necesidad de fortalecer la presencia de la fuerza pública en estas zonas, donde el control territorial del Estado sigue siendo limitado frente a la influencia de grupos armados. Además, el incidente reavivó el debate sobre la protección efectiva para funcionarios públicos y sus familias en regiones con alta inestabilidad.
La alcaldesa Katherine Mora no ha emitido declaraciones públicas sobre el secuestro, pero ha recibido múltiples mensajes de solidaridad de la ciudadanía y de sectores políticos. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para identificar a los responsables del secuestro en González y esclarecer sus móviles, se mantienen los operativos de control y patrullaje en la zona.
Es de mencionar que en el Catatumbo, la situación de violencia sigue siendo crítica. Con base en datos del PMU, en lo que va del 2025, los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del ELN han dejado un saldo de 68.347 personas desplazadas, 11.490 confinadas y 135 fallecidas, entre ellas 119 civiles, siete menores de edad, seis firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y tres líderes sociales. La región, además, enfrenta la influencia de carteles extranjeros de narcotráfico, lo que agrava la crisis humanitaria y de seguridad.
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