La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió nuevas disposiciones orientadas a garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada, con medidas destinadas a fortalecer la recuperación, preservación, identificación y entrega digna de cuerpos en todo el país.
Las órdenes buscan, además, asegurar el manejo adecuado de los cementerios, en el marco de las medidas cautelares vigentes y de las exigencias históricas de los familiares de desaparecidos.
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Entre las determinaciones, la JEP ordenó al ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti, tramitar y firmar el decreto que fija la política pública de gestión y administración de cementerios, con el propósito de avanzar en la custodia de cuerpos no identificados y de aquellos identificados que aún no han sido reclamados. La fecha límite para la firma de este decreto es el 21 de julio de 2025.
La respuesta de Armando Benedetti a la JEP
Tras conocerse las nuevas órdenes de la JEP, Armando Benedetti respondió mediante un mensaje en la red social X. En su publicación, el jefe de cartera aseguró que el 30 de mayo fue remitido a Ministerio de Hacienda, “el proyecto de Decreto que establece la política pública de gestión de cementerios, para que continúe su trámite de recolección de firmas para la expedición“.
De igual forma, aseguró que en cumplimiento de las órdenes de la JEP, “ya se expidió el Decreto 0638 de 2025 de protección de firmantes del Acuerdo de Paz”.
El mensaje de Benedetti estuvo acompañado de documentos oficiales que dan cuenta del trámite. En uno de ellos se detalla que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior remitió el 30 de mayo el proyecto de decreto al Ministerio de Hacienda para su revisión y recolección de firmas. En el radicado se señala: “El presente Decreto se tramita en virtud de lo ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, en el Auto SAR-AT-427 del 3 de noviembre de 2023, en el marco de la medida cautelar adoptada sobre Cementerio San Martín de Aguachica Cesar”.
El documento describe que el proyecto busca adicionar un capítulo al Decreto 1066 de 2015 para adoptar la política pública de gestión y administración de cementerios y garantizar el manejo adecuado de los cuerpos no identificados o identificados no entregados. En el otro documento divulgado, se subraya que el decreto contempla componentes del Programa de Protección Integral, enmarcados en el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las extintas Farc.
Órdenes específicas para las regiones
Las decisiones de la JEP fueron adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (Sarv), luego de una audiencia de seguimiento realizada el pasado 21 de mayo en Aguachica, Cesar. En ese contexto, la Jurisdicción impartió instrucciones a la Alcaldía de Aguachica para que implemente medidas de seguridad permanentes en el Cementerio Católico Central, con el fin de proteger ese espacio y la placa conmemorativa instalada el 20 de mayo en homenaje a las víctimas de desaparición forzada del municipio.
De igual manera, se ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a la Alcaldía de Aguachica diseñar una estrategia de toma masiva de muestras biológicas. Este plan está dirigido a identificar posibles familiares de los cuerpos no identificados o de los identificados que no han sido reclamados en el municipio.
En otra de las medidas, el Medicina Legal deberá presentar un plan integral de necesidades ante las gobernaciones de Bolívar, Boyacá y Santander, con el propósito de fortalecer su infraestructura y garantizar las adecuaciones necesarias en materia de locación, equipamiento e instalaciones en esos departamentos. Esto apunta a mejorar las capacidades forenses para la identificación y entrega de cuerpos en esas regiones.
Además, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP liderará una mesa técnica en conjunto con Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) y la Parroquia de San Roque. El objetivo será consolidar las cifras de cuerpos identificados no reclamados que reposan en el Cementerio Católico Central de Aguachica, establecer su ubicación exacta y definir las acciones adelantadas por cada entidad para dar con sus familias.
Estas órdenes representan un avance en el camino hacia la verdad y la reparación de las víctimas. A la fecha, gracias al trabajo articulado entre la JEP, la Ubpd y Medicina Legal, se han exhumado 1.887 cuerpos, se ha logrado la identificación de 205 personas y se ha garantizado la entrega digna de los restos de 127 de ellas.
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