Justicia Penal Militar investigará a policías por posibles fallas en la seguridad de Miguel Uribe Turbay

La Justicia Penal Militar abrió una investigación formal para esclarecer el papel de los policías involucrados en los hechos relacionados con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado sábado 7 de junio en Bogotá.

El procedimiento, adelantado por la Fiscalía Policial y Militar, incluye la recopilación de pruebas por parte de un grupo especial de investigadores.

La indagación abarca a todos los funcionarios policiales que intervinieron en distintas fases del caso, desde quienes integraban el esquema de seguridad del congresista hasta los uniformados que participaron en la captura del presunto autor del ataque, un menor de edad.

También se examinarán las circunstancias en torno a la desaparición del teléfono celular del joven implicado, un elemento clave que aún no ha sido recuperado pese a que se le vio utilizándolo en grabaciones de video.

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Los investigadores buscan determinar si existieron fallas en el manejo operativo antes, durante y después del atentado. El objetivo es establecer responsabilidades frente a las decisiones tomadas por los agentes encargados de la protección del senador, que en el momento del ataque realizaba una intervención pública en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de la capital.

Durante el acto, Uribe Turbay recibió, al parecer, tres disparos, dos de los cuales impactó en su cabeza, dejándolo en estado crítico.

El atacante utilizó una pistola Glock calibre 9 milímetros, y fue interceptado poco después por miembros de la fuerza pública.

Posteriormente, se conoció que el joven agresor había sido beneficiario del programa gubernamental Jóvenes en Paz, promovido por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este hecho, sumado a la gravedad del atentado y a las tensiones políticas previas, ha intensificado el clima de confrontación entre sectores oficialistas y de oposición, que atribuyen al mandatario una escalada de polarización en el país.

Además del proceso abierto por la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General de la Nación también ha convocado a rendir declaración a los integrantes del esquema de seguridad del senador, así como al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, con el fin de evaluar el contexto completo de las condiciones de seguridad en las que se produjo el ataque.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay, quien había anunciado sus intenciones de aspirar nuevamente a la Presidencia de la República, ha desencadenado una de las mayores crisis políticas recientes en Colombia. La evolución de su estado de salud y los resultados de las investigaciones podrían tener un impacto decisivo en el panorama institucional y en las tensiones entre las fuerzas políticas del país.

Ministro de Defensa anunció que la línea 157 estará habilitada para ayudar a dar con los autores intelectuales

El ministro Pedro Sánchez confirmó que la línea anticorrupción 157 ha sido habilitada para que la ciudadanía pueda comunicarse y reportar si tiene alguna información sobre el ataque armado a Uribe, y de acciones que se vayan a realizar contra dirigentes políticos y candidatos que aspiren a cargos de elección popular.

Frente a los hechos ocurridos el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón (occidente de Bogotá), el ministro Sánchez señaló que “ese día habían terminado un servicio a las 3 de la mañana y en el protocolo de garantizar el descanso de la gente para que pueda brindar los demás servicios, se quedaron 4 brindando la seguridad; 2 se quedaron con la familia y los otros 2 fueron a Modelia“.

En este punto, el oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, destacó a la misma cadena radial W Radio que“algo particular es que cuando se desarrolla un esquema de seguridad se desarrolla una confianza entre el protegido y quien lo protege, lo que nos informan es que Miguel se sentía cómodo con su círculo y evitaba que llegaran personas nuevas”.

Mientras se adelanta la indagación para determinar si se apertura una investigación formal por parte de la Justicia Penal, Militar y Policial, y tras el anuncio de una recompensa por 3.000 millones de pesos, Sánchez aclaró el objetivo con el sistema de recompensas.

“Para tener una buena prevención se necesita información y este sistema ha ayudado enormemente. Cuando se activan estas recompensas se dinamiza la información y se cuentan con mejores elementos de juicio para toma de decisiones”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.