⁠Irse preso por mentirle a un cura, anunciar los decretos con tamboras y multas por interpretar sueños: estas son las leyes más absurdas que ha tenido Colombia

Las leyes fueron diseñadas para garantizar la protección de los ciudadanos, su convivencia y buena conducta, pero, algunas de ellas parecen carecer de sentido e, incluso, encaminadas a generar discordia.

Una prueba de esas leyes es el listado que el exsecretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, compartió en sus redes con decretos tan extraños como el 623.

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“En 1955 el decreto legislativo 623 establecía penas de 1 a 3 años de cárcel para el que mintiera o callara la verdad ante un sacerdote. Pero no es el único caso absurdo. Colombia ha tenido muchas leyes que parecieran mentira”.

70 años antes de que se estableciera la pena por mentir a un cura, “en 1887, la Ley 62 prohibía la importación de ciudadanos chinos para realizar cualquier trabajo ¿Si esto siguiera en pie, qué sería hoy del metro de Bogotá?”, bromeó.

Recordando una escena medieval, a inicios del siglo XX, los nuevos decretos se veían obligados a anunciarse no con uno, sino con tres instrumentos, como si de una ley imperial se tratara:

“En 1914, el Código de Régimen Político y Municipal decía que todo decreto de un alcalde debía anunciarse por bando, con Trompetero Y Timbalero incluido. Así que cada anuncio se sentía como el Carnaval de Barranquilla”.

A mitad de siglo, “Y según el Decreto 124 de 1954, cualquier persona que interpretara sueños o adivinara con fines de lucro sería multada con 100 a 500 pesos de la época”; lo que tendría en la cárcel a personalidades como el profesor Salomón, Gloria Díaz Salomón y Ernesto Rodas.

“Uno pensaría que ya no se hacen este tipo de leyes, pero por favor, no olvidemos la reciente ley de cero cacho y la ley para que el reggaetón tenga letras decentes”, señaló Gómez, al recordar iniciativas poco comunes que han pasado por el Congreso, en los últimos años.

¿En qué consistía la Ley cero cachos que se presentó en el Congreso a mediados del 2023?

La propuesta de la congresista liberal Karina Espinosa sobre una ley para erradicar la infidelidad desató, a mediados del 2023, una oleada de reacciones en Colombia. La senadora presentó la iniciativa “Cero Cacho”, que buscaba inculcar valores desde la educación para prevenir la infidelidad, además de abordar problemas como el consumo de drogas y el bullying. Este mandato fue una de las promesas que Espinosa hizo durante su campaña al Senado, y su presentación ha generado un debate intenso tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

Con críticas dominando la conversación en redes, muchos cuestionaron la seriedad y prioridad de su iniciativa en el Congreso. Incluso, algunos parlamentarios expresaron su desaprobación, señalando que este tipo de propuestas podrían desprestigiar la labor legislativa. En este sentido, la congresista Katherine Miranda criticó la propuesta llamándola la “ley de los cachos”, mientras que el entonces presidente del Congreso, Roy Barreras, expresó sus propias dudas respecto a la necesidad de esta legislación.

En respuesta a las múltiples críticas, la senadora Espinosa ha defendido su proyecto al enfatizar su deseo de cumplir con sus promesas electoreras, mencionando que la infidelidad es un problema cultural que causa daño social y emocional. Sandra Borda, reconocida investigadora y columnista, también intervino en el debate, sugiriendo que Espinosa podría necesitar terapia en lugar de proponer leyes para abordar sus experiencias personales de deslealtad.

Más allá de los comentarios jocosos y de desaprobación, la propuesta creó un debate sobre la efectividad de medidas legislativas en temas relacionados con la privacidad. Espinosa, que mencionó haber sido afectada personalmente por la infidelidad a lo largo de su vida, argumentaba que la cultura del “cacho” ha sido normalizada en la sociedad colombiana y debe combatirse desde la raíz educativa. Cifras que fueron confirmadas por la aplicación ‘Gleeden’ al revelar en estudio en el que Colombia fue clasificado como el segundo país más infiel de la región, en donde un 60% de la población adulta admitió haber “montado cachos”.