La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) denunció ante la Fiscalía a cuarenta clínicas por irregularidades en el cobro de facturas relacionadas con accidentes de tránsito provocados por “vehículos fantasma”.
Así lo confirmó Félix León Martínez, director de la entidad, al señalar que las anomalías surgieron tras identificar setenta clínicas con comportamientos sospechosos, según citó La FM.
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“Empezamos con un anuncio de que encontramos setenta clínicas extrañas que estaban facturando, que no veíamos las condiciones adecuadas de servicio, no las encontrábamos en las visitas, no las encontrábamos por satélite, en fin, fuimos buscando una por una, fuimos sancionando, suspendiendo pagos. De esas setenta, cuarenta ya están en la Fiscalía con un proceso penal”, afirmó Martínez.
Tras inspecciones presenciales, se detectó que muchas de estas instituciones no existían físicamente, aunque estaban registradas ante el Ministerio de Salud. De hecho, según Martínez, algunas funcionaban solo en papel, sin equipos, instalaciones ni personal médico real.
“Estaban facturando sin existir, sin tener mínimas condiciones para prestar servicios de salud, eran clínicas de papel y en el mes entrante, estaríamos mandando otras doce más a la Fiscalía General de la Nación”, advirtió el funcionario.
En algunas inspecciones, las autoridades encontraron casas o terrenos baldíos donde debían estar clínicas habilitadas para cirugía o atención de urgencias.
“Cuando fueron a ver las firmas auditoras, nuestros equipos concurrentes encontraron que donde decía sala de cirugía había un potrero, donde decía urgencias había una tienda, no existían y todas las cuentas eran falsas; simplemente inventados los pacientes, inventado el tratamiento, inventado todo”, relató Martínez.
La situación afectó gravemente las finanzas del sistema de salud, según el director de la Adres, que también cuestionó la falta de control por parte de las autoridades locales.
“Ahí la verdad, también hubo una responsabilidad de la Secretaría de Salud del Atlántico, que no vigiló, porque es allá donde se inscriben las clínicas y dónde deben vigilar que están habilitadas y que están funcionando. Ahí hubo una falta de gestión de la Secretaría de su tiempo, porque esto viene de unos años”, aseguró.
El funcionario advirtió que este tipo de fraude refleja un posible esquema delictivo organizado que opera en varias regiones del país.
“Creo que son gente organizada que, detrás de los aparentes dueños de estos negocios que está persiguiendo la Fiscalía, debe haber alguna organización que utiliza y que crea clínicas falsas para pasar cuentas al sistema de salud”, subrayó.
Martínez se mostró escéptico sobre la recuperación de los recursos desviados, pero insistió en que su prioridad es frenar el robo.
“No me interesa mucho la recuperación de recursos por más que sean importantes, me interesa que pare el robo y que las personas responsables, la Fiscalía sea capaz de encontrar esa mafia y mandarlos a donde deben ir”, enfatizó.
El director también señaló que la llamada “guerra de las ambulancias” hace parte del entorno corrupto que afecta al sector. “Es parte del problema y ahí tenemos problemas también. Tenemos problemas no de la misma dimensión de los cobros falsos, pero el sistema de ambulancias nacional es una vergüenza para el país. La guerra del centavo, los accidentes que causan… va uno a mirar y ni siquiera tienen SOAT las ambulancias y mucho menos el certificado técnico mecánico”, denunció.
Finalmente, Martínez expuso que hay clínicas que incluso ofrecen comisiones por llevar pacientes, sin importar los riesgos.
“Hemos conocido casos en los que llevan los pacientes a la clínica sin vergüenza, que les da comisión y a veces queda del otro lado de la ciudad y no les importa poner en riesgo la vida de los pacientes para ganar la comisión”, concluyó.
El monto total de recursos transferidos por Adres a las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud mediante giro directo entre enero y abril de 2025 representó el 24,46% del total girado en ese periodo, según consignó el medio oficial de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Este dato refleja la concentración de fondos en un grupo específico de entidades, lo que permite dimensionar el flujo de recursos dentro del sistema de salud colombiano.
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