El martes 3 de junio, Gustavo Petro comunicó en una alocución presidencial su intención de expedir un decreto para convocar la consulta popular, argumentando que el proceso en el Senado estuvo viciado y que “hicieron trampa”.
El mandatario sostuvo que la Corte Constitucional será la instancia encargada de determinar la validez del decreto. “Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, afirmó el presidente en su discurso.
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El anuncio provocó respuestas inmediatas desde distintos sectores políticos, donde el anuncio fue catalogado como un golpe de Estado, acusaciones que fueron rechazadas recientemente por el mandatario desde su cuenta de X.
“Tiene que tener dos dedos de frente, el que piense que convocar al pueblo a decidir, es un golpe de Estado”, escribió Petro y además argumento que “golpe de Estado es eliminar la fuente legítima del poder, y según la constitución de 1991, la fuente legítima del Estado Social de Derecho es, exclusivamente, el pueblo de Colombia”.
El mandatario también reaccionó a los partidos políticos que se unieron para rechazar la Consulta Popular por decreto.
“Pero si son los mismos ocho congresistas que hundieron la reforma laboral de manera sucia y sin debate en la comisión VII de senado. Miren como un acto tan antidemocrático de estos senadores de estos partidos, ha llevado hasta la convocatoria del constituyente primario”, puntualizó el presidente.
Así reaccionaron otros sectores políticos al anuncio del presidente
A los pocos minutos de las palabras de Petro en la alocución, la reacción de la oposición fue inmediata. El expresidente Álvaro Uribe utilizó su cuenta en X para lanzar una crítica directa: “El Petro Santismo y el quiebre Constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al Plebiscito y el Gobierno Petro al Congreso“.
Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, publicó un video en el que acusó al presidente de actuar fuera del marco constitucional y anticipó que se interpondrán acciones legales para frenar la iniciativa. “Dice Gustavo Petro que sin importar la Constitución y la ley va a expedir el decreto para llamar a la consulta popular”, expresó el senador, quien recordó que la consulta ya fue rechazada en el Congreso y, por tanto, “sería irregular e ilegal”.
Además, advirtió que desde la oposición presentarán una demanda contra el decreto y no permitirán lo que consideran un abuso de poder. En su mensaje, Miguel Uribe también señaló: “La pesadilla de este Gobierno se acaba el 7 de agosto del 2026”.
La controversia no se limitó al ámbito político, pues la Fundación para el Estado de Derecho (Fede Colombia) manifestó su preocupación por la decisión del Ejecutivo de convocar una consulta popular sin el aval del Senado.
En un comunicado, la organización calificó la medida como una “fractura institucional que amenaza con desfigurar el régimen constitucional colombiano”. Para la fundación, el anuncio vulnera tres principios esenciales del sistema democrático: la separación de poderes, la democracia representativa y el principio de legalidad. El organismo advirtió que el camino elegido por el Gobierno desconoce los fundamentos del sistema republicano y podría sentar un precedente riesgoso para la estabilidad institucional.
El exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, también expresó su desacuerdo con la decisión presidencial. Lizcano consideró que avanzar con la consulta sin el respaldo del Congreso representa un riesgo institucional. “Esta es una línea que Colombia no puede darse el lujo de permitir. Saltarse el Congreso es totalmente inconveniente”, afirmó.
Desde el Congreso, la respuesta fue categórica. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó el anuncio y lo calificó como una ruptura de los poderes públicos. “Es una ruptura de los poderes públicos. No solo contra el Legislativo, que rechazó legítimamente la consulta, sino también contra el poder judicial, que es el que debe conocer las presuntas irregularidades”, afirmó Cepeda, quien describió la decisión de Petro como un “golpe de Estado”.
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