Congresistas estallaron contra Petro por violar la ley y sacar la consulta popular vía decreto, el presidente asume que el Estado es él

Durante la alocución presidencial del martes 3 de junio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, instruyó a su gabinete para que, en un plazo de un día, definiera si el decreto de la consulta popular se firmaría en Medellín o en Cali. En ese sentido, subrayó que el acto debía tener lugar “ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas”, y que la decisión sobre la ciudad debía tomarse de inmediato.

Según el mandatario, la decisión responde a la ausencia de un concepto favorable en el Senado, al que acusó de irregularidades en el proceso. “Voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa (...) Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, expresó.

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La reacción política no se hizo esperar. Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, manifestó que el presidente estaría sobrepasando los límites de su función al tomar decisiones que corresponden a la Rama Judicial. Miranda calificó la actitud de Petro como una muestra de “línea de autoritarismo”, afirmando que “quienes se comportan así, son los dictadores”. La congresista también señaló que el mandatario ha intentado en varias ocasiones eludir las decisiones tanto del Congreso de la República como de las Altas Cortes.

Miranda sostuvo que el presidente parece asumir que “el Estado soy yo, el pueblo soy yo”, y aunque reconoció la legitimidad de las consultas populares y el poder ciudadano, recordó que los procedimientos legales deben respetarse. “Bienvenidas las consultas, bienvenido el poder popular; pero se le olvida a los representantes, a los congresistas del Pacto Histórico, que así como hablan del Artículo 3, hablemos también del Artículo 104”, puntualizó la representante en diálogo con Semana.

En su intervención, la legisladora detalló los requisitos legales para convocar una consulta popular en Colombia. Explicó que el presidente no puede hacerlo de manera unilateral, sino que debe contar con la firma de todos sus ministros. Además, es necesario un consenso previo del Senado de la República. En caso de que existan irregularidades en el procedimiento o en la toma de decisiones del Senado, cualquier ciudadano tiene el derecho de presentar una demanda ante el Consejo de Estado. Miranda consideró que este sería el camino institucional adecuado.

A renglón seguido, insistió en que, si un presidente ignora la ley, desconoce al Congreso y gobierna por decreto, “eso tiene un nombre; es una dictadura”. Estas declaraciones reflejan la preocupación de algunos sectores políticos sobre el respeto a los procedimientos democráticos y la separación de poderes en el país.

Con una visión similar, Julio César Triana, representante por Cambio Radical, sostuvo que no hubo ningún tipo de vicio o irregularidad en la votación del Senado en la que se hundió la consulta, por lo que Petro estaría violando la ley.

“En este caso, el Senado cumplió su labor de debatir este proyecto y lo negó. Y la Rama Judicial le queda al Estado colombiano para cumplir su labor y demostrar si allí hubo vicios o no hubo vicios que se puede hacer a través de una solicitud enervada por parte del Gobierno ante el Consejo de Estado”, dijo al medio citado.

Y agregó: “Aquí el Estado no reconoce el artículo 104 de la Constitución, el requisito que impone, pues está desconociendo el Estado Social de Derecho (...) cómo no vamos a pensar que estamos llegando a una dictadura legislativa”.