Al convocar la consulta popular por decreto, Gustavo Petro estaría incurriendo en un delito grave, señaló director del Partido de la U

El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció en la noche del martes 3 de junio de 2025 que la consulta popular, mecanismo que fue negado en el Senado de la República, será convocado por vía decreto, lo que ha generado diferentes reacciones en los sectores políticos del país.

Mientras que sectores afines al mandatario respaldaron la propuesta presidencial, al señalar que hubo posibles irregularidades en el trámite de la iniciativa gubernamental en el legislativo, otros lo consideran como una muestra clara de transgresión a los poderes del país, por lo que sostuvieron que el mandatario estaría incurriendo en un delito.

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Es el caso del exregistrador nacional y hoy director del Partido de la U, Alexander Vega Rocha que, en diálogo con La FM, de RCN Radio, calificó la iniciativa presidencial como “abiertamente inconstitucional” y subrayó que la Constitución exige el cumplimiento de requisitos legales, entre ellos el concepto favorable del Senado, para poder convocar una consulta popular.

“Esta situación no hay que verla como si el presidente puede o no puede hacerlo. El presidente lo va a hacer. Lo piensa hacer. Pero hay que entender que es un acto contrario a la ley”, aseguró el directivo de la colectividad en el citado medio de comunicación.

Además, recordó su experiencia al frente de la Registraduría Nacional para explicar que, en su gestión, no habría podido avanzar con un decreto de este tipo sin el aval del legislativo.

“Acá no hay limbos jurídicos. Es claro: no se puede expedir un calendario electoral sin que haya concepto favorable del Senado”, agregó Vega.

Del mismo modo, expresó su confianza en que el actual registrador, Hernán Penagos, actuará conforme a la ley y no permitirá la expedición de un calendario electoral sin los requisitos exigidos.

Sin embargo, el exfuncionario fue enfático al señalar que cualquier servidor público que expida un acto administrativo sin cumplir los requisitos legales incurre en un delito.

“Cualquier funcionario público que expida un acto sin los requisitos incurre en prevaricato. Eso lo saben todos los servidores del Estado”, indicó.

Del mismo modo, alertó que el verdadero objetivo del decreto sería trasladar la discusión al terreno político, involucrando a las altas cortes en el debate público y responsabilizándolas de la falta de gobernabilidad.

“Creo que el presidente busca que las cortes también hagan parte del discurso político de su gobierno. Cuando la Corte Constitucional tumbe el decreto, podrá decir que también las cortes están bloqueando su agenda”, manifestó el codirector del Partido de la U a La FM de RCN Radio.

Adicionalmente, recordó que una acción en curso ante el Consejo de Estado podría frenar cualquier intento de convocatoria a una consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro, ya que la Sección Quinta de ese tribunal admitió una demanda que reconoce la existencia de una decisión electoral respaldada por un acto administrativo definitivo, lo que impediría legalmente la emisión de un nuevo calendario electoral.

“La Corte lo primero que va a mirar es si hubo concepto favorable del Senado. Y si no lo hay, tumbará el decreto. Esto no es una interpretación que el presidente pueda acomodar: es un hecho jurídico claro”, explicó al medio citado.

Incluso, Alexander Vega también dirigió sus críticas hacia el equipo jurídico del presidente Petro. “Yo no entiendo los abogados que están rodeando al presidente. ¿Por qué no le leen la Constitución y la ley? Parecen contratados para justificar lo injustificable”, refutó.

‘Golpe de Estado’ según ocho partidos políticos

Alexander Vega, codirector del Partido de la U, es uno de los firmantes de la carta conjunta de ocho partidos políticos que rechazaron la propuesta presidencial de consulta popular.

El exregistrador expresó su preocupación por la decisión que se está tomando desde el Ejecutivo y lamentó que el presidente Petro insista en una medida que, según él, sabe que será anulada por los tribunales.

“Esto es doloroso. El presidente sabe que lo que está haciendo es ilegal. Lo más preocupante es que lo va a hacer sabiendo que será tumbado, solo para decir que el sistema está en su contra”, indicó.

En el comunicado conjunto, las colectividades indicaron que la decisión del mandatario era un “golpe de Estado” por que pasaba por encima de lo que ya se había determinado en el Congreso.

“Los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASÍ rechazamos esta acción unilateral e inconstitucional por parte del Gobierno Petro”, expresaron los partidos políticos, donde instaron a las autoridades para que hicieran la revisión de la orden presidencial y analizaran si se ajusta la normativa de la carta magna que rige al país.