Una orden de captura fue emitida por la justicia de Guatemala contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano y también exministro de Defensa, y Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la Nación.
A estas dos pérsonalidades se les acusa de presunta asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión en relación con el escándalo de Odebrecht en el país centroamericano.
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Sin embargo, ambos cuenta con inmunidad, según confirmó W Radio. Ambos personajes hacen parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que está protegida por inmunidad, lo que hace que ciertos círculos consideren estas acciones como una posible “persecución política”.
Velásquez fue previamente jefe de la Cicig y, conforme al artículo 10 del Acuerdo de Creación de la Cicig, el personal internacional de la comisión goza de inmunidad contra arresto y detención. Esta inmunidad judicial continúa válida aun después de que los individuos dejen sus cargos.
El contexto del caso muestra que el Ministerio Público de Guatemala ha afirmado que Velásquez lideraba una “estructura criminal” que presuntamente favoreció a los empresarios de Odebrecht, resultando en pérdidas al Estado de Guatemala de más de tres mil millones de quetzales (aproximadamente 386 millones de dólares).
W Radio también confirmó que Interpol no procederá con la solicitud de Guatemala de emitir una circular roja para Velásquez y Camargo. Julio Sánchez Cristo, director del medio, compartió que el jefe de Interpol ha asegurado que no se emitirá ninguna alerta internacional contra los colombianos.
El trasfondo de esta situación revela un complicado entramado donde, al menos cincuenta personas vinculadas a la Cicig han buscado refugio en Estados Unidos y México, lo que refuerza las percepciones de una presunta persecución extendida.
Asimismo, la inmunidad otorgada por el Acuerdo de Creación de Comisión Anticorrupción parece estar en conflicto directo con las acciones legales iniciadas por las autoridades guatemaltecas.
Cómo se originó la orden de captura
En 2014, Iván Velásquez Gómez fue designado como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Durante su gestión, que se prolongó hasta 2019, lideró investigaciones sobre casos de corrupción que tuvieron repercusiones en distintos sectores del país.
Luz Adriana Camargo, actual fiscal General de la Nación, integró la Cicig entre 2014 y 2017 como jefa del Departamento de Investigación y Litigio. En ese cargo, se convirtió en una de las principales colaboradoras de Velásquez. De hecho, el exministro de Defensa fue declarado persona ‘non grata’ por el entonces presidente Jimmy Morales.
Camargo participó en la elaboración de protocolos para investigaciones criminales y prestó apoyo en procesos judiciales por corrupción, entre ellos los que involucraron al expresidente Otto Pérez Molina.
El primer intento de captura contra el embajador de Colombia en el Vaticano se presentó en 2023. En ese año, la ONU comunicó que los funcionarios que hicieron parte de la Cicig, gozan de inmunidad, debido a los acuerdos que se lograron con el organismo.
“Su inmunidad continúa, sin importar que ya no estén en sus cargos”, indicó el portavoz Farhan Haq en ese año.
En ese momento, el presidente Gustavo Petro defendió a Iván Velásquez. “Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio (...) cordura en política significa luchar contra la corrupción”, aseguró el mandatario colombiano.
Según la justicia de Guatemala, Iván Velásquez lideró una supuesta estructura, en donde también está involucrada la fiscal General de Colombia, con la que la constructora Odebrecht salió supuestamente favorecida.
De acuerdo con las explicaciones de Curruchiche, esta supuesta estructura llevó a Guatemala a perder 3.000 millones de quetazles, su moneda local.
“Hay pruebas desde 2017 que vinculan a Velásquez y Camargo con empresarios de Odebrecht”, afirmó el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) a Caracol Radio.
De hecho, Luis Enrique González, jefe de redacción del medio digital República de Guatemala, entregó detalles a Caracol Radio de lo que llevó a la decisión de la justicia de Guatemala, que fue rechazada enfáticamente por el Gobierno del país centroamericano.
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