Alejandro Char: “Celebramos la decisión que suspende temporalmente el cobro de valorización en la vía Barranquilla-Cartagena”

El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó la suspensión provisional del cobro de valorización previsto para financiar el proyecto vial que conecta a Barranquilla con Cartagena a través de la Circunvalar de la Prosperidad. La decisión fue tomada tras la admisión de una demanda interpuesta por el senador Carlos Meisel, del partido Centro Democrático, y ha generado reacciones favorables en la bancada parlamentaria costeña.

Sobre esa decisión se pronunció, a través de su cuenta de X, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, que celebró la medida y señaló que los principales beneficiados son los ciudadanos que transitan en la mencionada vía. Esto escribió:

“Celebramos la decisión que suspende temporalmente el cobro de valorización en la vía Barranquilla - Cartagena. Esta es una lucha colectiva que respaldamos con firmeza, junto a congresistas y líderes de nuestra región, en defensa del bolsillo de los barranquilleros y atlanticenses frente a un cobro por una obra que aún no concluye.Desde la Administración Distrital reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la defensa del interés general.Seguiremos atentos a las convocatorias que se efectúen, para participar activamente en los espacios institucionales que garanticen la protección de los derechos colectivos de nuestra gente”.

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La medida judicial implica que el Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad encargada del proyecto, debe abrir un proceso de socialización amplio y participativo antes de proceder con el cobro. Este proceso deberá incluir audiencias públicas con participación de comunidades, organizaciones sociales, entidades locales, gremios económicos y ciudadanía en general de los municipios involucrados.

Entre las condiciones establecidas, el tribunal exige que las audiencias aborden los fundamentos técnicos, jurídicos y socioeconómicos que justifican la valorización. Se deberán discutir aspectos como los estudios utilizados para definir la base gravable, la metodología para calcular beneficios individuales, la capacidad de pago de los contribuyentes y la delimitación de la zona de influencia.

El procedimiento deberá desarrollarse en un plazo de tres meses, y deberá ir precedido por una campaña de divulgación pública de al menos dos meses. Esta divulgación deberá realizarse a través de medios de comunicación nacionales y locales, así como por medio de canales oficiales del Invías y de las administraciones municipales implicadas.

El área de cobertura incluye dos grandes ciudades, Barranquilla y Cartagena, y siete municipios de los departamentos de Atlántico y Bolívar: Santa Catalina, Puerto Colombia, Soledad, Juan de Acosta, Piojó, Galapa y Tubará.

La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento mediante el cual se definió originalmente el cobro. Según el senador demandante, el proceso adolecía de deficiencias como la falta de socialización adecuada, la ausencia de un censo predial técnico actualizado y una ejecución de obra que, aunque anunciada como doble calzada, se habría desarrollado en su mayoría como calzada sencilla.

El fallo indica que al finalizar las audiencias, cualquier observación u objeción formulada por los participantes deberá ser respondida en un informe técnico detallado elaborado por Invías en un plazo de dos meses. Este informe deberá contener respuestas puntuales a todas las intervenciones y será clave para determinar los pasos siguientes en el proceso de cobro.

Mientras tanto, el cobro de valorización queda suspendido hasta que se cumplan todas las etapas del proceso participativo y se evalúen sus resultados. La decisión del tribunal ha sido interpretada como un revés para el Gobierno Nacional, que había respaldado esta obra como una de las más importantes en materia de conectividad e infraestructura para la región Caribe.

Aunque no se ha fijado una nueva fecha para la reanudación del cobro, la sentencia deja claro que cualquier decisión posterior deberá estar sustentada en los principios de transparencia, legalidad y participación ciudadana. La situación deja en suspenso una parte fundamental del financiamiento del proyecto vial, a la espera de una revisión más exhaustiva y dialogada con las comunidades directamente afectadas.