En horas de la noche del 29 de mayo de 2025, al término de la segunda jornada del paro nacional, delincuentes ingresaron a un supermercado ARA en el sector de Marichuela, localidad de Usme, y saquearon el lugar.
Tal como lo registraron varios medios, durante las manifestaciones y enfrentamientos que se dieron en la ciudad, un grupo de supuestos manifestantes irrumpió en el supermercado para robar productos, además de causar daños materiales en las instalaciones.
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En imágenes de video, que circulan por las redes sociales, se ve cómo uniformados de la Policía y de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) intentan controlar a los delincuentes, quienes estaban utilizando objetos contundentes como piedras y bombas molotov en contra de los agentes.
El Distrito confirmó que, luego de haber controlado la situación, dos menores de edad fueron capturados por estar involucrados en los actos violentos en el lugar. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien entregó el balance de la situación de orden público en la localidad 5.
“Hacia las 8 de la noche atacaron un supermercado ARA, vandalizándolo y generando hurto. Allí fueron aprendidos dos menores de edad de 16 y 17 años, quienes están siendo sujetos de restitución de derechos. Instrumentalización de menores, violencia, destrucción, no están amparados por ningún derecho constitucional, son un abuso del derecho a la protesta y están utilizando como escudo ideologías y causas para el ejercicio de actos delictivos y agresiones directas contra Bogotá y los bogotanos”, dijo el funcionario.
Fue contundente al afirmar que las investigaciones por lo ocurrido procederán y se dará continuidad hasta que los culpables asuman sus responsabilidades ante la justicia.
“El Gobierno Distrital no solo rechaza y condena estos comportamientos, sino que adicionalmente hace todos los esfuerzos porque sus responsables y los responsables de coordinar estos ataques contra la ciudad sean judicializados”, añadió.
Con respecto a la participación de menores de edad, Restrepo fue claro al catalogar de “instrumentalización” su presencia en este tipo de acciones violentas que solo perjudican a la ciudadanía y ponen en riesgo la vida de esta, de la fuerza pública y de ellos mismos.
“La instrumentalización de menores, la violencia y la destrucción no están amparados por ningún derecho constitucional, son un abuso del derecho a la protesta y están utilizando como escudo, ideologías y causas para el ejercicio de actos delictivos y agresiones directas contra Bogotá”, complementó.
En vista de todos los desmanes, bloqueos, enfrentamientos e incendios de objetos durante los dos días de más marchas, las autoridades distritales y nacionales anunciaron que tomarán medidas contundentes para que los implicados sean presentados ante la justicia.
De todas las medidas, dos han tenido gran impacto. La primera: el ministro de Defensa anunció una recompensa millonaria para las personas que estén dispuestas a contribuir con información para capturar a quienes infringieron la ley.
Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que presentará una denuncia contra el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Fabio Arias, luego de confirmar en declaraciones en plaza pública que una de las intenciones de las movilizaciones en los dos días era generar bloqueos en diferentes puntos de la capital del país: “derivado de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar, bloqueando el transporte masivo de TransMilenio, que era una de las tantas formas por las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas”.
Esta situación generó afectaciones en las operaciones de TransMilenio, que obligaron a más de dos millones de usuarios a tomar alternativas para poder movilizarse por la ciudad.
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