Gustavo Petro insistió en que narcos con contactos en la Fiscalía han tratado de matarlo: “Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci”

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro compartió el diagrama de InSight Crime, organización que se dedica a la investigación y análisis del crimen organizado en América Latina y el Caribe, que tiene como principal protagonista a Dritan Gjika y Mario Sánchez Rinaldi como dueños o controladores de múltiples compañías.

En la imagen también se encuentran otros individuos, como Julio Lalangui, Rubén Cherres, Bryan Lalangui y Erjon Spahiu.

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InSight Crime informó que Dritan Gjika, señalado como un presunto narcotraficante de origen albanés, fue capturado en los Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades le atribuyen la movilización de aproximadamente 9,5 toneladas de cocaína desde Colombia, pasando por Ecuador, hasta Europa.

Según el presidente Gustavo Petro, las personas mencionadas hacen parte de la presunta junta del narcotráfico, que, según él, controlan a la Fiscalía y estarían detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci y que han tratado de asesinarlo.

“Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abu Dabi, controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato, en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”, indicó el presidente Petro.

Esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro menciona la presunta junta del narcotráfico que quiere asesinarlo.

En el Consejo de Ministros, transmitido en vivo el lunes 10 de marzo de 2025, el mandatario colombiano aseguró que su vida corre peligro.

En su intervención, el jefe de Estado acusó directamente a la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn) con sede en Dubái, de estar supuestamente gestionando un plan para acabar con su vida.

Qué dice el informe

El 6 de febrero de 2024, la Policía Nacional de Ecuador ejecutó un operativo en una villa ubicada en una urbanización exclusiva en las afueras de Guayaquil, la ciudad portuaria más grande del país.

En la vivienda, encontraron a una mujer y su hija, además de múltiples armas de fuego y municiones. El empresario albanés Dritan Gjika, señalado como líder de una red internacional de tráfico de cocaína, no fue capturado en el lugar.

De acuerdo con una investigación realizada por InSight Crime, este operativo fue parte de una acción coordinada entre las autoridades de Ecuador y España, que concluyó con la detención de 31 presuntos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína.

Las fuerzas de seguridad acusan a esta organización de haber transportado más de 9,5 toneladas de droga desde Colombia, a través de Ecuador, hasta Europa. Después de estas capturas, se congelaron activos vinculados a la red por un valor que supera los 51 millones de dólares.

InSight Crime destaca que Gjika creó una estructura sofisticada para el tráfico y lavado de dinero, con la colaboración de empresarios influyentes y la protección de altos mandos policiales. Llegó a Ecuador en 2009 y estableció su base en Guayaquil, donde empezó a desarrollar su negocio ilícito bajo la apariencia de empresario legítimo.

Según el análisis de InSight Crime, Gjika y sus colaboradores usaban compañías de exportación agrícola y de construcción como fachada para sus operaciones. Estas empresas facilitaron el traslado y blanqueo de recursos obtenidos del narcotráfico. Con el tiempo, la red modificó sus métodos para evitar la detección, optando por introducir cocaína en contenedores de terceros mediante técnicas que dificultan el rastreo.

La red también habría contado con la colaboración de funcionarios públicos, entre ellos Tannya Varela, exjefa de la Policía Nacional, quien está siendo investigada por presuntas conexiones con la organización criminal.

Por otra parte, el grupo mantenía vínculos con Mario Sánchez Rinaldi, empresario radicado en España, que según las autoridades habría participado en el lavado de activos.

Frente a la presión policial, la red ajustó sus estrategias para mantener sus operaciones, utilizando infraestructura portuaria y privilegios en el sector exportador. Sin embargo, en 2023 la red sufrió importantes golpes con la muerte de Rubén Cherres, aliado clave de Gjika, y con la captura de varios integrantes.