El presidente Gustavo Petro se pronunció el lunes 26 de mayo sobre un proyecto de ley en Estados Unidos que propone un impuesto a las remesas enviadas por personas que no tienen ciudadanía ni residencia permanente en ese país.
A través de su cuenta de X, el mandatario expresó preocupación por los efectos que esta medida tendría sobre la comunidad migrante colombiana, e hizo un llamado a que se movilicen frente a esta iniciativa legislativa.
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De acuerdo con el contenido del mensaje publicado por el jefe de Estado, el tributo afectaría directamente a trabajadores que remiten dinero a sus familias en Colombia:
“A la población trabajadora colombiana en EE. UU. le cobrarán un impuesto de remesas por sus envíos a sus familias a Colombia, si el Congreso (de) EE. UU. aprueba un proyecto del gobierno estadounidense. Creo que los trabajadores colombianos en EE. UU. también se deben manifestar”.
La propuesta, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes de EE. UU., contempla un impuesto del 3,5 % sobre las remesas enviadas por migrantes sin estatus legal permanente.
La versión inicial del plan, respaldada por el expresidente Donald Trump, contemplaba una tasa del 5 %, pero fue reducida tras negociaciones en la Cámara Baja. El proyecto pasará ahora al Senado, donde continuará su trámite legislativo.
Según expertos en relaciones internacionales y economía migratoria, esta medida representaría una carga significativa para muchos hogares latinoamericanos que dependen de estos envíos como una fuente estable de ingresos.
En Colombia, las remesas provenientes del exterior suman miles de millones de dólares anuales y son especialmente relevantes en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Risaralda.
Petro, al referirse al impacto de este proyecto, aseguró que la aplicación del impuesto tendría como consecuencia una disminución del ingreso disponible de los migrantes, al representar un recorte indirecto sobre lo que ganan y pueden enviar: “Entre países soberanos, en donde impera el principio diplomático de la reciprocidad, las comisiones económicas del Congreso de Colombia también deberían poner una medida similar de la misma magnitud”.
Con esta declaración, el mandatario sugirió que Colombia podría considerar establecer una política similar si el Congreso estadounidense aprueba el nuevo gravamen. Esta postura se enmarca en el principio de reciprocidad diplomática, una figura habitual en las relaciones entre Estados que, en ciertos casos, permite responder con medidas equivalentes ante disposiciones que afectan a nacionales en el exterior.
La reacción de Petro fue publicada poco después de que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también se manifestara en contra del tributo. Las palabras de la mandataria mexicana fueron citadas por Petro en la misma red social: “Nosotros no queremos que haya impuestos y vamos a seguir trabajando para que no haya ningún impuesto a las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias”.
El mensaje de Sheinbaum fue interpretado como una postura común desde América Latina ante una política estadounidense que ha sido vista como perjudicial para las comunidades migrantes. La preocupación en la región se ha intensificado por el hecho de que, según datos oficiales, buena parte de las remesas enviadas desde Estados Unidos tienen como origen el trabajo informal o precario de personas que carecen de residencia o ciudadanía.
El mandatario colombiano enfatizó en su publicación que se trata de una medida que afectaría los recursos que miles de familias en Colombia reciben cada mes, y por eso hizo un llamado a la comunidad migrante para que se pronuncie. “Creo que los trabajadores colombianos en EE. UU. también se deben manifestar”, escribió.
Hasta el momento, no se ha informado si el Gobierno nacional tomará una posición formal o diplomática ante la propuesta en el Congreso estadounidense, aunque el presidente dejó abierta la posibilidad de que el Congreso colombiano estudie mecanismos de respuesta equivalentes. La cancillería no ha emitido un comunicado sobre este asunto.
El Senado de Estados Unidos será el encargado de definir el futuro del proyecto legislativo. Mientras tanto, voces políticas y sociales en América Latina observan con atención el desarrollo del debate, especialmente por las implicaciones económicas que tendría para millones de hogares que dependen de estas transferencias transnacionales.
En el contexto nacional, las remesas han representado en años recientes una fuente importante de ingreso para muchas familias colombianas, y su reducción podría tener efectos en el consumo interno, el ahorro familiar y, en algunos casos, el pago de créditos o estudios. Según cifras del Banco de la República, los giros enviados desde el exterior superaron los 10.000 millones de dólares en 2024.
La discusión continúa abierta, y tanto en Colombia como en otros países latinoamericanos se espera el desenlace legislativo en Estados Unidos para definir posibles acciones o pronunciamientos institucionales.
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