Gobierno Petro celebró golpe a la minería ilegal: desmantelaron operación que producía $5.435 millones mensuales

A través de su cuenta en X, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, dio a conocer que las Fuerzas Armadas dieron un golpe a organizaciones dedicadas a la minería ilegal en el municipio de Zaragoza, Antioquia.

El funcionario agregó que, con esto, se corta el suministro de ingresos de 5.435 millones de pesos para la organización, que fue identificada como subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo.

En la operación fueron destruidas cinco excavadoras y tres motores industriales, avaluados en más de $3.035 millones.

“Cada máquina fuera de circulación representa un golpe directo a las finanzas del crimen organizado.Estas estructuras ilícitas generaban mensualmente 12.495 gramos de oro, equivalentes a más de $5.435 millones, impactando gravemente el río Cauca y sus afluentes”, señaló Sánchez.

El funcionario expone que el caso se conocía por denuncias de la ANI, que había identificado el caso y sus riesgos para el medio ambiente en el territorios nacional.

El ministro aprovechó para recordar las líneas de atención para denunciar delitos como este:

•Contra el terrorismo: 323 273 4707

•Contra el crimen: 314 358 7212

•Línea 107

•GAULA: 147 – 165

Ministerio de Minas propone que zona minera de Jericó (Antioquia)

El jueves 22 de mayo se conoció una carta del Ministerio de Minas y Energía que dirigió a las carteras de Ambiente, Agricultura, Interior, Defensa y a la Agencia Nacional de Minería con la que solicitó que la área de explotación de yacimientos en Jericó, en el suroccidente del departamento de Antioquia, se convierta en una zona de reserva temporal ambiental.

La propuesta implicaría la suspensión de toda actividad y proyectos mineros en la región para abordar de esta manera el conflicto socioambiental que ha surgido en ese territorio entre quienes apoyan y quienes rechazan esa actividad económica, informaron en la emisora La W Radio.

Explicaron que en el documento, el Ministerio de Minas destacó que en esa población se requiere de una intervención coordinada entre varias dependencias del Gobierno nacional.

“Durante las últimas semanas hemos acompañado y explorado alternativas frente al conflicto socioambiental en el municipio de Jericó (Antioquia).Desde un inicio ha sido evidente que su abordaje requiere la intervención articulada de varias dependencias del Gobierno Nacional”,citaron de unos de los apartes de la misiva.

El documento incluye un cuadro detallado que asigna roles específicos a cada ministerio y entidad involucrada. El objetivo es establecer claramente las funciones de cada organismo dentro de la propuesta. Entre las acciones sugeridas, el Ministerio de Minas recomendó realizar una reunión para evaluar la viabilidad de la declaratoria de la zona como Reserva Temporal Ambiental, así como otras medidas que permitan gestionar el conflicto en la región.

El documento también especifica los pasos necesarios para avanzar en la propuesta donde la cartera de Ambiente sería el encargado de la declaratoria de la reserva, mientras que la del Interior debería determinar si es necesaria una consulta previa. Además, el de Agricultura y Desarrollo Rural tendría que declarar el Área Protegida de Producción Agropecuaria (APPA). Por su parte, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Ambiente tendría que evaluar posibles incumplimientos por parte del titular minero y revisar decisiones previas que permitieron la exploración en la zona.

“La posibilidad de poner fin al desarrollo del proyecto minero puede tomar más tiempo, pero la declaratoria Zona de Reserva Temporal Ambiental puede conceder un espacio de acción importante al suspender la posibilidad de explotación y disminuir la expectativa del titular”, indicaron en el comunicado.

Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial a la propuesta del Ministerio de Minas. Sin embargo, desde esta cartera se busca promover una articulación institucional para adoptar una decisión al respecto. Además, el ministerio se ofreció como mediador con el sector empresarial, que se prevé será el principal opositor a la iniciativa, señalaron en La W Radio.