
Para el lunes 26 de mayo de 2025 está previsto que se radique en el Senado la ponencia positiva del proyecto de reforma laboral, iniciativa que ya fue rechazada dos veces por el Congreso de la República y que busca mejorar las condiciones de los trabajadores formales del país. La misma fue trabajada por congresistas de ocho partidos políticos que integran la Comisión Cuarta del Senado y tendrá que ser debatida a contrarreloj para que no se hunda, ya que el 20 de junio termina el periodo legislativo.
No obstante, pese a que se pensaba que había buen ambiente para que saliera adelante, principalmente porque dirigentes gremiales como el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, le dio su respaldo, así como el presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, dijo que es necesario que salga adelante, llega llena de polémica.
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La más reciente de todas tiene que ver con que los sindicatos, exactamente la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), así como el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, advirtieron que no aceptarán que se tramite una reforma “peluqueada” y que en verdad no beneficia a los empleados, ya que se habrían eliminado artículos importantes, lo que consideran que es regresivo.
Y es que entre los artículos eliminados se encontrarían que el recargo nocturno se pagará, a partir de las 7:00 p. m., solo a quienes trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo que excluiría al 80% de los trabajadores del país.

Ante la tensa situación que se vive, y teniendo en cuenta que el gremio es actor principal en la discusión del proyecto de ley, Infobae Colombia dialogó con el presidente Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Rodolfo Correa, que despejó dudas e hizo duras advertencias sobre los impactos que puede tener el proyecto de ley en caso de que se apruebe tal y como está.
¿Qué tiene de bueno, malo o feo la reforma laboral?
Lo bueno es que reconoce la necesidad de actualizar el marco laboral para garantizar mejores condiciones al trabajador. Lo malo, que no tiene en cuenta la estructura empresarial de Colombia, donde el 95% son micro y pequeñas empresas que no tienen la misma capacidad que una gran empresa para asumir los sobrecostos.
Lo feo es que la propuesta del Gobierno se impone sin gradualidad ni enfoque diferencial, desconociendo la realidad productiva del país, lo que puede generar desempleo e informalidad masiva.
¿Hubo o no concertación con los gremios?
Con el Gobierno nunca hubo concertación. Este es un Gobierno que abandonó el diálogo como elemento de construcción. Parece que el Gobierno solo negocia con los criminales.
Afortunadamente, encontramos en la Comisión Cuarta del Senado un espacio para ser oídos y allí estamos insistiendo en una implementación progresiva y un tratamiento diferenciado para las mipymes.

¿Qué proponen las pequeñas empresas? ¿El Gobierno sí aceptó recomendaciones?
Proponemos una reforma laboral progresiva, en un horizonte de al menos tres años, y con criterios proporcionales según el tamaño de la empresa. También hemos pedido incentivos para la formalización, en lugar de castigos fiscales.
Lamentablemente, el Gobierno no aceptó estas recomendaciones clave. Se mantuvo una visión uniforme, que aplica las mismas reglas a realidades empresariales profundamente distintas.
¿Hubo presión del Gobierno para que saliera adelante?
Sí. Se ha generado un ambiente de presión institucional, donde se deslegitima a quien cuestiona la reforma. Se ha polarizado el debate al punto de presentar a los gremios como enemigos del trabajador, cuando en realidad somos quienes mas empleo generan en Colombia.
Esa presión se ha sentido en los discursos presidenciales, en las amenazas de un estallido social y en lo mediático estatal.
Usted habla de 200.000 empleos que se perderán en las pequeñas empresas, ¿en qué sectores?
Principalmente, en comercio, servicios, manufactura liviana y agroindustria. Estos sectores son intensivos en mano de obra, operan con márgenes ajustados y tienen escasa liquidez. Si se imponen sobrecostos laborales inmediatos y sin transición, muchas empresas no podrán sostener sus nóminas actuales.

¿Alcanzarían o no las pequeñas empresas a cubrir costos de salud y pensión con la reforma?
No, y esa es la gran alarma. Con los cambios propuestos, los costos laborales pueden aumentar entre un 30% y un 40%. La mayoría de las mipymes apenas sobrevive; no tienen espalda financiera para cubrir ese incremento sin ajustar empleos, horarios o cerrar.
¿Veremos menos ofertas de empleo cuando entre en vigor la reforma laboral?
Sí. Ya lo estamos viendo desde ahora: empresas congelando contrataciones por incertidumbre. Si entra en vigor sin ajustes, muchas mipymes preferirán no contratar más o automatizar procesos, lo cual implica menos puestos de trabajo, más informalidad y estancamiento económico.
Ahora, erróneamente escuchaba a la senadora María José Pizarro decir en una entrevista que eso que decimos ahora es lo mismo con que nos opusimos al alza insensata del salario mínimo, advirtiendo la pedida de empleos y, según ella, eso no pasó, pues la tasa de desocupación ha venido disminuyendo. Nada más fuera de contexto y conocimiento que lo dicho por la senadora, pues no sabe distinguir entre tasa de ocupación y tasa de empleo.
La ocupación consiste en realizar una actividad económica que genera ingresos, el empleo es un vínculo formal mediado por un contrato de trabajo. Y eso es importante diferenciarlo, porque aunque ha venido aumentando la ocupación, esa ocupación no es a través de un empleo formal, sino a través de la informalidad que ya se acerca a la escandalosa cifra del 60% de las personas en edad de trabajar.
Ojo. En Colombia solo el 25% de la población en edad de trabajar tiene un empleo formal y el 75% no lo tiene. La reforma laboral debería ser para aumentar la cobertura del empleo formal y no para generar más cargas a las empresas que impiden contratar más personal.

¿Con la reforma laboral se dispararía la inflación?
Indirectamente, sí. Si suben los costos de producción por alza en costos laborales, esos sobrecostos se trasladarán a los precios. En un entorno donde el consumo ya está debilitado, eso podría presionar la inflación y reducir el poder adquisitivo de los hogares.
Un punto de la reforma laboral establece contratos para aprendices del Sena, ¿podría haber dificultades para que estos encuentren dónde hacer las prácticas?
Sí. Convertir el contrato de aprendizaje en contrato laboral haría que muchas pequeñas empresas renuncien a vincular aprendices. Pasan de ser una oportunidad de formación a una carga contractual difícil de asumir. Se perdería así un canal fundamental para la inserción laboral juvenil.
También se tramita la consulta popular ¿le parece que las preguntas son viables?
La consulta es innecesaria y costosa. Hay un proyecto en curso en el Congreso. Convocar al pueblo a decidir temas técnicos con preguntas sesgadas solo busca crear un escenario electoral. Las preguntas, además, están redactadas de manera parcializada, buscando apoyo emocional, no un debate informado.
Es una estrategia política, no una solución laboral.
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