Estudiantes colombianos de la Harvard están preocupados por intenciones de Trump de impedir admisiones de extranjeros

Pese a que el viernes 23 de mayo, la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts (Estados Unidos), suspendió la medida del Gobierno de Donald Trump de imposibilitar a la Universidad de Harvard que matricule estudiantes de nacionalidad extranjera, se trata de una decisión temporal, por lo que se espera conocer cómo avanzará la demanda que interpuso la institución en una audiencia judicial programada para el 29 de mayo.

Mientras tanto, persiste la preocupación y confusión entre los estudiantes extranjeros, especialmente los colombianos que adelantan sus estudios en la prestigiosa institución, de donde se han graduado 162 premios Nobel en la historia.

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Óscar Eduardo Escobar García es uno de ellos, que está próximo a graduarse de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. El estudiante de 37 años le expresó a El Tiempo su angustia de, tal vez, no poder culminar su proceso académico satisfactoriamente.

“Pensamos que ya nos habían castigado con los recortes presupuestales —que superan los USD2.500 millones— y no esperábamos una medida tan extrema”, afirmó Escobar, que destacó la incertidumbre que surgió tras el anuncio.

Según él, la universidad ha sido lenta en proveer información, lo que ha obligado a los estudiantes a organizarse y compartir datos a través de grupos informales. “Lo que más nos ha servido han sido los chats entre estudiantes, donde compartimos información y nos apoyamos”, agregó al medio citado.

Entre las dudas que enfrentan los estudiantes internacionales está la validez de sus visas y los riesgos asociados a viajar. Escobar contó que algunos compañeros han tenido problemas para ingresar al país con sus visas de estudiante, enfrentando retenciones y revisiones exhaustivas. “Nos preguntamos: ¿regreso con mi visa de estudiante o es más seguro usar la de turista? Algunos profesores nos dicen que no pueden darnos una guía clara porque esta situación nunca había pasado”, afirmó.

Otro estudiante de maestría, que prefirió el anonimato, describió el impacto emocional que ha tenido la medida. “La visa revocada significa riesgo de deportación y pérdida de acceso al país. Además, transferirse a otra universidad no es sencillo, pues los procesos de admisión ya cerraron”, comentó. Señaló que algunos estudiantes dependen de créditos educativos y de financiamiento externo, como el programa Colfuturo, y que la situación ha afectado sus planes académicos y personales.

Dijeron al medio citado que el ambiente para estudiantes extranjeros en el país americano se ha vuelto cada vez más tenso desde la llegada de la administración Trump. Según testimonios, existe un “temor generalizado” entre quienes critican abiertamente temas políticos sensibles, ya que temen represalias que podrían incluir la revocación de visas o la deportación. Esta percepción ha generado un “silencio impuesto por miedo” en la comunidad estudiantil.

Y es que el conflicto entre Trump y Harvard tiene antecedentes. El mandatario ha acusado a la universidad de albergar ideologías progresistas y de antisemitismo, además de resistirse a sus demandas de supervisión en admisiones y contrataciones.

En respuesta, el Gobierno federal congeló una partida inicial de USD2.200 millones en subvenciones y USD60 millones en contratos, además de amenazar con revisar USD9.000 millones en financiamiento. La deportación de una investigadora de la Facultad de Medicina de Harvard también marcó una escalada en la confrontación.

En la demanda interpuesta, Harvard calificó la medida como “el último acto del Gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de la universidad, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar la gobernanza, el currículo y la ideología de su profesorado y estudiantes”. En la demanda, la universidad solicitó que se detenga esta acción que consideró “arbitraria, caprichosa, ilegal e inconstitucional”.

Más de un cuarto de los estudiantes de Harvard provienen del extranjero, y la posible pérdida de estos alumnos representaría un impacto económico significativo para la universidad, que cobra decenas de miles de dólares anuales en matrículas. Hasta ahora, la suspensión temporal de la orden ofrece un alivio momentáneo, pero la comunidad internacional permanece a la espera del fallo definitivo.