Desde el segundo trimestre de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia comenzó a aplicar un nuevo esquema tarifario para la atención de vuelos no regulares y para el otorgamiento del Permiso para desarrollar Otras Actividades (POA).
Así se estableció a partir de la resolución 0633 de 2025, expedida por la entidad.
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El nuevo cobro aplica a vuelos no regulares como chárter, aerotaxis, ambulancias aéreas, vuelos cargueros y otros similares. La tarifa para estos servicios migratorios se fijó en 12,87 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale a $640.913 en el presente año.
Además, la resolución establece un valor para el trámite del POA, documento que permite a extranjeros ingresar a Colombia para realizar actividades de corta duración no contempladas en otros permisos como el PID (Permiso de Ingreso y Permanencia) o el PT (Permiso Temporal).
Entre estas actividades están la asistencia técnica, eventos artísticos, culturales y conciertos. La tarifa para este permiso fue establecida en 2,90 UVT, es decir, $144.417 en 2025.
Con esta medida, Migración Colombia busca estandarizar el cobro por servicios que, hasta ahora, no contaban con una tarifa única y clara, y fortalecer la financiación de su operatividad en contextos migratorios especiales.
Funcionaria de Migración cobraba hasta 3.500 dólares a viajeros en El Dorado: fue capturada por concusión
La Dijín y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron un operativo en el norte de Bogotá que condujo a la captura de Leidy Marcela Quinche Cante, funcionaria de Migración Colombia, acusada de extorsionar a viajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
Según revelaron las autoridades, Quinche trabajaba en el módulo 19 de la zona de abordaje internacional y aprovechaba su cargo para exigir pagos ilegales a pasajeros que, presuntamente, no contaban con la documentación necesaria para salir del país.
La funcionaria les cobraba hasta 3.500 dólares en efectivo, transferencia o divisa extranjera para permitirles continuar su trámite migratorio.
En algunos casos, de acuerdo a lo que publicó El Colombiano, incluso quienes sí tenían la documentación en regla eran engañados con excusas sobre permisos inexistentes, como supuestas autorizaciones faltantes para menores de edad.
Su táctica incluía retrasar intencionalmente el filtro migratorio con el objetivo de generar presión, haciendo que los viajeros consideraran el pago como única salida para no perder el vuelo.
La investigación se inició a partir de la denuncia de un ciudadano estadounidense deportado, quien relató que la funcionaria le cobró una elevada suma para autorizar su ingreso a Colombia. Las autoridades revisaron grabaciones de seguridad que confirmaron los señalamientos y mostraron a Quinche recibiendo dinero de los pasajeros.
De acuerdo con el diario El Tiempo, Leidy Marcela Quinche ingresó a la entidad en 2023 y ya acumulaba al menos seis denuncias por hechos similares. La evidencia recolectada fue suficiente para que la funcionaria aceptara los cargos por el delito de concusión, en calidad de autora. Como medida cautelar, fue cobijada con detención domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.
Las autoridades investigan ahora si Quinche actuaba por cuenta propia o si formaba parte de una red de corrupción dentro de Migración Colombia.
El flujo migratorio en Colombia ahora es inverso
Mientras tanto, un flujo migratorio inverso ha comenzado a tomar forma en Colombia, con un notable incremento en el ingreso de personas provenientes de Centroamérica y Norteamérica a través de las fronteras del país.
Según informó la Defensoría del Pueblo, entre el 15 de enero y el 28 de febrero de 2025, se registró la llegada de 1.885 migrantes, con un promedio diario de 84 personas que ingresaron desde La Miel, en Panamá, hacia el corregimiento de Capurganá, en el municipio de Acandí, departamento de Chocó.
Este fenómeno ha generado preocupación debido a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan estas personas, muchas de las cuales se dirigen posteriormente hacia Necoclí, en el departamento de Antioquia.
La Defensoría del Pueblo detalló que el 56% de los migrantes registrados son hombres, mientras que el 25% son mujeres y el 19% corresponde a niñas, niños y adolescentes.
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