En firme quedó la condena contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (el extinto DAS), y Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su participación en seguimientos ilegales durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en las horas de la mañana del martes 20 de mayo de 2025.
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Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables por coordinar y ejecutar interceptaciones ilegales contra magistrados de la Corte Suprema, así como opositores políticos del entonces gobierno, a través del DAS, que en esa época era el organismo de inteligencia del Estado.
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“Existe prueba suficiente que acredita el estándar para la condena y en consecuencia la corrección jurídica de la decisión objeto de impugnación”, fueron las palabras de Urbano.
Durante la audiencia, Urbano comunicó que “la conclusión general a la que llega la Corte es que, examinadas las pruebas de la Fiscalía y de la defensa y analizadas las razones de la impugnación, se concluye que la Fiscalía probó —más allá de duda razonable— la existencia de los hechos acusados y la responsabilidad de María del Pilar Hurtado en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicación especulado por apropiación y falsedad en documento público”
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Como consecuencia, el magistrado indicó que la condenada “está en capacidad de afirmar que está ante una sentencia jurídica y materialmente correcta y no encuentra motivos que conlleven su revocatoria”.
La entrega de María del Pilar Hurtado a las autoridades
Luego de años de permanecer fuera del país, María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, se entregó a las autoridades colombianas la madrugada del sábado 31 de enero de 2015.
Hurtado, considerada una de las figuras clave en el escándalo de interceptaciones ilegales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, regresó desde Panamá en una avioneta de la Policía Nacional.
La entrega se produjo apenas un día después de que Interpol emitiera una circular roja en su contra. Según el secretario de prensa de la presidencia panameña, Manuel Domínguez, la exfuncionaria se presentó “voluntariamente” ante el Servicio Nacional de Migración de ese país, el cual expidió la orden de deportación.
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Hurtado fue acompañada hasta el aeropuerto por la embajadora de Colombia en Panamá, Ángela Benedetti.
El caso de las chuzadas del DAS
En 2006, mientras el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez se encaminaba hacia su reelección, comenzaron a salir a la luz hechos que comprometerían seriamente al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia estatal directamente adscrito a la Presidencia.
De acuerdo con la información compartido la Comisión de la Verdad, fueron dos episodios los que marcaron un punto de inflexión.
El primero, el testimonio del jefe de informática del DAS, que ante la justicia presentó pruebas documentales que evidenciaban una colaboración directa entre el organismo y redes del narcotráfico.
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Este testimonio reveló cómo desde el corazón de la inteligencia estatal se filtraba información estratégica para beneficiar a estructuras criminales.
El segundo hecho surgió de una fuente inesperada: el computador personal de Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se había desmovilizado en el marco del proceso de paz con los grupos paramilitares.
En su equipo se hallaron registros que confirmaban operaciones conjuntas entre el DAS y las AUC, muchas de ellas orientadas a la persecución y eliminación de líderes sociales en varias regiones del país.
Estas revelaciones dieron paso a uno de los escándalos más graves de corrupción y abuso de poder en la historia del Estado colombiano: el uso de la inteligencia oficial para fines políticos y criminales.
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Las conocidas “chuzadas del DAS”, como fueron bautizadas mediáticamente, terminaron exponiendo una estrategia sistemática de espionaje ilegal, persecución a magistrados, periodistas y opositores del gobierno del expresidente Ávari Uribe Vélez, que ha dejado consecuencias judiciales aún vigentes casi dos décadas después.
Hoy, el DAS ya no existe. Fue liquidado oficialmente en 2011, luego de múltiples investigaciones judiciales y condenas contra varios de sus exfuncionarios.
Sin embargo, los archivos y las evidencias de su actuar continúan siendo piezas clave para entender la fragilidad institucional del país en ese periodo y el uso político de la inteligencia estatal.
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