Pese a que la consulta popular, promovida por el presidente Gustavo Petro, fue negada por la plenaria del Senado, el miércoles 14 de mayo de 2025, varias colectividades iniciaron investigaciones contra senadores que no participaron en la votación de esta iniciativa.
Es el caso del partido Cambio Radical, donde el Consejo de Control Ético anunció la apertura de proceso disciplinario contra los senadores Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo que, aunque habían registrado su asistencia a la sesión, al momento de votar la consulta no se encontraban en el recinto del Senado, pese a que la bancada de oposición había ratificado su postura negativa a la propuesta presidencial.
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Según lo manifestado por la colectividad de oposición al Gobierno Petro, los tres congresistas son investigados por el presunto incumplimiento a la ley de bancadas y por la presunta conducta de deslealtad partidista, por lo que no se descarta que sean sancionados internamente.
Entre las posibles sanciones se encuentran las catalogadas como gravísimas, que incluyen la expulsión del partido y la prohibición de participar en futuras elecciones bajo su bandera.
Por otro lado, las sanciones graves podrían implicar la suspensión temporal de los derechos a voz y voto dentro de la colectividad.
Finalmente, las sanciones leves consistirían en una amonestación verbal o escrita. En ese sentido, el Consejo de Control Ético del partido de oposición evaluará la conducta de los senadores y determinará la medida correspondiente.
Uno de los investigados por Cambio Radical es el senador Temistocles Ortega, que llegó nuevamente a ocupar una curul en el Congreso, tras la renuncia de David Luna.
Sin embargo, Ortega es conocido por acompañar la campaña del hoy presidente Gustavo Petro en 2022. Aunque no logró obtener una curul en el Senado en las elecciones legislativas de ese año, posteriormente fue incluido en el grupo de figuras políticas a las que el presidente Petro asignó cargos diplomáticos en el exterior.
Incluso, el congresista se encuentra bajo investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia, por presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad en documento privado.
Entre tanto, el senador Didier Lobo también enfrenta una investigación en el mismo tribunal, en su caso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, la senadora Ana María Castañeda, esposa de Mario Alberto Fernández Alcocer, primo de la primera dama Verónica Alcocer, también está en el centro de la polémica. Según revelo Semana, su relación familiar con el círculo cercano al presidente Petro ha generado atención mediática, especialmente en el contexto de las recientes decisiones políticas en el Senado.
El partido político al que pertenecen estos congresistas establece sanciones según la gravedad de las conductas de sus miembros, clasificándolas en faltas gravísimas, graves y leves. En este caso, la colectividad había instruido a sus senadores a votar en contra de la consulta popular presentada por el Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la ausencia de Ortega, Castañeda y Lobo en la votación puso en riesgo el bloque opositor que buscaba frenar la iniciativa en el Senado.
El Consejo de Ética de Cambio Radical evaluará las actuaciones de los tres senadores para determinar si su conducta constituye una violación grave de las normas internas del partido. La decisión final podría tener implicaciones significativas no solo para los legisladores implicados, sino también para la dinámica interna de la colectividad y su relación con el gobierno actual.
El proceso disciplinario establece un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación oficial, para que los implicados presenten su respuesta y aporten pruebas que permitan esclarecer los hechos. En el documento, el Consejo advierte que, si los senadores no se pronuncian o guardan silencio, los hechos investigados serán considerados como ciertos.
Este caso surge una semana después del hundimiento de la consulta en cuestión, un evento que ha generado tensiones internas en la colectividad. Según detalló el Consejo, la investigación busca determinar si los senadores incumplieron las directrices partidistas, lo que podría tener implicaciones significativas para sus carreras políticas y su relación con el partido.
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